El Partido Popular recurrirá todas las «ocurrencias» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de vivienda. El PSOE se ha entregado a Unidas Podemos y ha cedido a todas las demandas de la vicepresidenta Yolanda Díaz en ese punto. Se habla del bono de 250 euros para jóvenes de menos de 35 años, pero para el Partido Popular, la Ley de Vivienda va mucho más lejos que de una mera ayuda a quienes lo necesitan, sino que consideran que limita sin justificación un derecho constitucional. Esta Ley tiene mucha letra pequeña y el PP ya ha avisado: recurrirá al Tribunal Constitucional la nueva norma y la Comunidad de Madrid hará lo propio con la parte que afecte a sus competencias. «limita un derecho sin justificación», aseguran fuentes del Partido Popular en el Congreso.
La Ley de Vivienda aún no es una realidad. Le queda recorrido. Necesita específicamente ser aprobada por el Consejo y Ministros, uno de los pasos más sencillos de realizar (algo para lo que de momento no hay fecha establecida) y a partir de ahí empezar a diseñarse. El problema para el Partido Popular no son ni mucho menos las ayudas. El problema es que se esconde una limitación del precio de los alquileres que, entienden, atenta contra los derechos de los propietarios y de la propiedad privada. Hablamos de que Sánchez ha cedido a una de las demandas de Podemos y ha optado por poner tope al precio de los alquileres en las zonas tensionadas. El PP reconoce que esto es un problema pero asegura que esa no es la solución.
el PP ya se prepara para recurrir esta ley ante el Constitucional
El problema es que quien ha anunciado esto, el hombre de confianza y ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no ha desgranado cómo se tocarán los alquileres en zonas tensionadas o directamente cómo se darán las ayudas a los jóvenes. No se sabe qué ocurrirá si se comparte piso ni nada por el estilo. Bolaños lanzó el globo sonda y directamente dejó que todos especularan. Pero el PP ya se prepara para recurrir esta ley ante el Constitucional porque limita los derechos de los propietarios, a ojos de los populares en el Congreso.
Al mismo tiempo, el PSOE ha deslizado a su entorno que subirá el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a las viviendas vacías. Sin embargo, no lo ha dejado claro del todo. Sobre esto, el PP aún no se ha pronunciado, pero es vox populi que el PSOE quiere penalizar a los bancos o los propietarios que tengan muchas casas sin habitar porque se niegan a bajar el importe de las mismas o se niegan a alquilarlas a un precio de mercado. Sea como sea, el PP está atento a los movimientos que haga el Gobierno para recurrir ante el Tribunal Constitucional lo que vayan a hacer.
La Comunidad de Madrid también ha dejado completamente claro que recurrirá la misma Ley de Vivienda en la medida de sus posibilidades. Habrá competencias autonómicas y nacionales, pues bien, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ya ha comunicado que tiene la intención de recurrir al Tribunal Constitucional la parte que le toque. Especialmente la que haga referencia a limitar los derechos de los propietarios. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha dejado claro a su entorno que así lo hará y que no permitirá intervencionismo del Estado.
¿SALDRÁ CARA?
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado un bono social de vivienda para los más jóvenes por el que te darán 250 euros al mes durante dos años justos para pagar el alquiler siempre que tengas entre 18 y 35 años. Parece una buena medida si no fuera porque muchos dirigentes del PSOE y algunos de Unidas Podemos apuestan porque dar este bono solo beneficiará a los caseros. Esta medida contemplada en los Presupuestos ha dividido al Gobierno en dos. Por un lado, los que creen que ayudará a la emancipación de los jóvenes y a la competitividad en los precios del alquiler. Y por otro aquellos que consideran que los caseros optarán por subir el alquiler a sus inquilinos porque saben que tienen más dinero procedente del Gobierno. Este bono social puede ser un arma de doble filo y acabar por engrosar los bolsillos de los propietarios, según un ala del PSOE.
La idea del presidente es que si tienes entre 18 y 35 años y unos ingresos inferiores a los 23.725 euros brutos anuales puedas optar a una ayuda del Estado de 250 euros más al mes. De este modo, el presidente pretende salvar ese obstáculo que supone para la emancipación de muchos jóvenes los elevados precios del alquiler de vivienda y los bajos salarios que predominan por el país. El problema es que los más veteranos del PSOE aseguran que esta no es la solución para desatascar la vivienda, dado que lo más probable es que en el momento que esas ayudas repercutan en la realidad económica de los jóvenes, los caseros tomarán cartas en el asunto y subirán el alquiler a sus inquilinos. Un relato que comparten dirigentes tanto de Unidas Podemos como del PSOE.
La solución, coinciden, no es esta. Desde Podemos quieren limitar el precio de los alquileres y evitar que los propietarios cobren más de lo que debería ser el precio de mercado a ojos del Ejecutivo. Desde el PSOE hablan de fomentar la construcción de más vivienda para que la competitividad haga efecto. Pero lo que está claro es que este bono social de vivienda no contenta ni a unos ni a otros porque consideran que no llegará a generar el efecto deseado por el Gobierno. De hecho, los más recelosos de la medida apuestan porque el bono social acabará en el bolsillo de quien ya tiene la vivienda adquirida, no de quien está en alquiler.
