España y otros países de la Unión Europea, entre ellos Alemania y Francia, se han personado ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) en defensa del mecanismo que condiciona el desembolso de fondos comunitarios al respeto del Estado de Derecho y frente a los recursos de Hungría y Polonia para tumbar dicha normativa.
El tribunal de Luxemburgo ha celebrado este lunes la vista por los recursos que plantearon Budapest y Varsovia contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, como instituciones con poderes legislativos. En apoyo de estos últimos se han personado en la causa Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Finlandia y Suecia, así como la Comisión Europea, han informado fuentes jurídicas.
En la audiencia se ha conocido, además, que el Abogado General del TUE encargado de elaborar unas conclusiones preliminares sobre el caso será el representante español Manuel Campos Sáchez-Bordona.
El elemento de disputa es el nuevo reglamento de la UE que abre la puerta a que Bruselas suspenda el pago de fondos comunitarios (también los previstos en el plan de recuperación) a países que han violado los principios del Estado de Derecho para proteger los intereses financieros del bloque.
Esta normativa –vigente y aplicable desde el pasado 1 de enero– fue aprobada con el rechazo de los gobiernos de Hungría y Polonia, que consideran que es arbitraria y carece de base jurídica, por lo que durante varias semanas bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros.
Ambas capitales cedieron y levantaron su veto antes de que finalizara 2020, pero garantizaron que llevarían sus dudas ante el Tribunal de Justicia de la UE, un paso que dieron en marzo. «El Estado de Derecho no puede ser defendido por medios que no cumplen los requisitos básicos del propio Estado de Derecho. Esperamos que el Tribunal lo deje claro y anule el reglamento», ha escrito en Twitter la ministra de Justicia húngara, Judit Varga, con motivo de la vista celebrada este lunes.
Bruselas se comprometió a no iniciar procedimientos en virtud de este mecanismo hasta conocer el veredicto del TUE, pero la deriva totalitaria de Budapest y Varsovia y el pulso que ambos países mantienen con el Ejecutivo comunitario –sobre todo por los ataques a la independencia judicial– han llevado a Bruselas a avanzar que enviará en las próximas semanas las primeras notificaciones a las dos capitales.
Es un paso que el Parlamento Europeo ha reclamado en varias ocasiones desde que la normativa es aplicable, es decir, desde principios de año. La última, en un comunicado tras conocer el fallo del Tribunal Constitucional polaco que ponen en duda la primacía del Derecho comunitario sobre la Carta Magna de Polonia.
