miércoles, 27 octubre 2021 18:14

Cuentas resolverá 2 recursos relativos al uso irregular de fondos de la Generalitat

El Tribunal de Cuentas dará un nuevo impulso esta semana al procedimiento que se sigue contra excargos del Govern de la Generalitat, por su responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat, al resolver este jueves sobre dos recursos.

Fuentes del órgano fiscalizador señalan que uno de ellos se interpuso contra la investigación que se sigue contra los excargos de la Generalitat, mientras que el otro se presentó contra la decisión de la delegada instructora de requerir informe a la Abogacía del Estado para que se pronunciara sobre los avales presentados por varios cargos. La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas deberá resolver ambos recursos por votación.

En parelelo a esta decisión, la delegada instructora Esperanza García Moreno debe decidir, sin un plazo cerrado, sobre la idoneidad de los avales presentados con cargo al fondo del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros.

La decisión llegará sin informe de los servicios jurídicos del Estado sobre la intención de las defensas de respaldar la fianza reclamada con ese aval del ICF, institución encargada de gestionar el Fondo Complementario de Riesgos –creado por decreto ley– que cuenta con 10 millones de euros.

La intención, según reconocieron públicamente altos cargos del Govern, es que la Administración catalana actúe como contraaval del aval que presente una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos de la Administración catalana, como es el caso de la caución que reclama el Tribunal de Cuentas.

EL TURNO DE MARISCAL DE GANTE

Después de esto, las fuentes consultadas señalan que se pondrá fin a esta fase preprocesal y el asunto entrará en la fase de primera instancia donde, por turno, será el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, cuya consejera es Margarita Mariscal de Gante y Mirón –quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar–, quien resuelva el procedimiento.

De acuerdo al proceder normal en este órgano, la fase de procedimiento en primera instancia concluirá con la emisión de una sentencia, que será recurrible ante una sala que estará compuesta por el presidente de la Sección de Enjuiciamiento, José Manuel Suárez Robledano, y por los consejeros de los otros dos departamentos que no hayan estado en la primera instancia (el Primero y el Tercero): María Antonia Lozano Álvarez y Felipe García Ortiz.

Tras la resolución de ese posible recurso, el asunto puede elevarse aun más allá del Tribunal de Cuentas ya que cabe recursos ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Cabe recordar que en septiembre se conoció la respuesta tanto de Fiscalía como de Abogacía del Estado a los recursos de los ex altos cargos del Govern. Ambos interesaban desestimar los argumentos de las defensas, y la Fiscalía advirtió de que el hecho de que la Generalitat no se manifieste como perjudicada por la actuación de los 34 excargos del Govern «no impide la actuación» del órgano fiscalizador para reclamar la fianza.

5,4 MILLONES ENTRE 34

Según el acta de liquidación, se les reclama a 34 ex cargos –incluidos el expresidente catalán huido Carles Puigdemont y el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras– cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, pero todos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones de euros.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras –también beneficiado por la medida de gracia– figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.