La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha lanzado que la nueva Ley de Vivienda «pondrá freno» a los «negocios y corruptelas» de la derecha en el sector inmobiliario, a la vez que ordenará un mercado que está «asalvajado» con la regulación del precio del alquiler.
También ha especificado que la nueva normativa establece protección ante los desahucios, al pautar la obligación por parte de los juzgados a pedir un informe a los servicios sociales para acreditar la condición de vulnerabilidad y, en esta línea, obligará a las comunidades a ofrecer una alternativa habitacional en forma de vivienda digna, para impedir derivaciones a albergues como hace, según ha relatado, Madrid.
Además y durante una interpelación en el Congreso que le ha dirigido Vox, ha acusado a los dirigentes de Vox Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio de tener «negocios turbios», al recriminar que la portavoz de este partido en la Asamblea de Madrid firmaba obras sin ser todavía arquitecta o que vendieran naves industriales como «lofts de lujo».
Tras esta referencia, el portavoz de Vox en el Congreso ha pedido la palabra por alusiones y ha manifestado que las alusiones a Monasterio, licenciada en arquitectura y «una de las mejores de su generación» se refieren a «falsas acusaciones» por las que han ido a los tribunales y la Justicia les «ha dado la razón». En consecuencia, ha sentenciado que las palabras de Belarra son «meras calumnias».
CONDICIONES «DRACONIANAS» PARA LOS JÓVENES
En su primera intervención, Belarra ha tildado de «indecente» que haya «gente sin casas y casas sin gente», detallando que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) existen en España cerca de 3,4 millones de viviendas vacías.
También ha criticado que no se aprendiera de la crisis de 2008 y que los «fondos buitre», movidos por la «especulación», se dedicaran a comprar viviendas en alquiler, dentro de un contexto en el que los inquilinos dedican ya al menos del 40% de sus ingresos para abonar la renta, cantidad que supera la mitad del salario en el caso de las grandes ciudades.
Y es que Belarra ha denunciado que los jóvenes padecen «condiciones draconianas» a la hora de tratar de alquiler un piso, saltando de «cuchitril en cuchitril» en muchos casos, y que era necesario que un Gobierno se atreviera a «mirar de frente» este problema y poner orden a un mercado que actúa como «la ley de la selva».
PROTECCIÓN ANTE LOS DESAHUCIOS
En ese cambio de paradigma, la ministra ha enumerado algunas medidas que incluye la futura normativa, como establecer para grandes propietarios con personalidad jurídica (10 o más viviendas) que tengan que bajar por ley el precio del alquiler en base a índices de referencia en zonas de mercado tensionados.
Asimismo, ha explicado que los pequeños propietarios congelarán precios pero les ayudarán con incentivos fiscales, de hasta el 90%, para que puedan bajar también las rentas a sus inquilinos.
También ha explicado que se retirarán los «privilegios fiscales» a las Entidades de Alquiler de Vivienda, pues las bonificaciones en el impuesto de Sociedades pasarán del 85 al 40%, es decir, una bajada de más de la mitad de las exenciones que se permiten desde 2014.
Todo ello, además, complementado con un bono de vivienda de 250 euros con el objetivo de ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda en alquiler y a la cláusula para reservar el 30% de nuevas promociones a vivienda protegida, de la cual la mitad se desplegará en alquiler social.
Tras reseñar que multitud de países aplican este tipo de medidas, Belarra ha proclamado que esta ley «mira al futuro» aunque a PP y Vox les parezca una «barbaridad», dado que no les gusta la idea de que en sus «barrios de clase alta viva gente normal». «Pero mientras siga este gobierno van a tener que guardar su clasismo en un cajón», ha espetado la titular de Derechos Sociales.
PP Y VOZ PROTEGEN A LOS «FONDOS BUITRE»
Y sobre todo ha destacado la prohibición en la futura Ley de Vivienda de vender pisos públicos, terminando con la «aberración» que perpetró la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, al enajenar a un fondo de inversión más de 1.800 inmuebles que pertenecían a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), o la oposición de la Comunidad de Madrid de no cumplir la sentencia que anula la operación que derivó también en la compra de 3.000 viviendas públicas a la «filial» de Goldman Sachs.
«El PP y Vox van a tener extraordinariamente difícil explicar por qué no van a apoyar esta Ley de Vivienda», ha sostenido la también líder de Podemos para cargar cpon la actitud que despliegan alcunas de sus autonomías. Algo que, en su opinión, se entiende mejor por las numerosas constructoras que aparecen en los denominados ‘papeles de Bárcenas’.
Por tanto, ha acusado a ambas formaciones de ser «parte interesada» en proteger a los «fondos buitre». «Ustedes no van a ser parte de la solución porque al final son parte del problema», ha zanjado.
VOX LE ACUSA DE PROTEGER A LOS MOVIMIENTOS OKUPAS
Mientras, la diputada de Vox Mireia Borrás ha criticado al Gobierno por sus «nefastas políticas» y ha censurado que hablen de preservar el derecho al acceso a una vivienda de alquiler, cuando a su juicio no son capaces de proteger la «propiedad privada» y la intimidad del hogar, que son vulneradas por los movimientos okupas que, en su opinión, apoya el Gobierno.
