La organización ecologista Greenpeace ha lamentado que el Gobierno está «lejos» de acometer la «necesaria» transformación del modelo económico y siga sin apostar por una fiscalidad verde y justa, de acuerdo con el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022.
En una primera valoración sobre el proyecto de Ley del Gobierno en materia presupuestaria para 2022, la ONG advierte de que los presupuestos para la recuperación verde y justa siguen sin apostar por la transformación del sistema y cuestiona que no se dediquen más fondos a la urgente transformación de la agricultura en lugar de perpetuar el modelo agroindustrial predominante.
Además, para Greenpeace se siguen dedicando fondos públicos a empresas y actividades contaminantes mientras que la fiscalidad verde y justa «nuevamente ha quedado relegada de los presupuestos».
La directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña, ha subrayado que la «actual crisis económica, social y ambiental solo se puede abordar desde una transformación radical del sistema económico y social».
A su juicio, el proyecto presupuestario para 2022 «aún está lejos de afrontar esta transformación». «Contamos con un presupuesto récord en gasto público, y su éxito dependerá en buena medida de cómo se desarrollen y ejecuten las inversiones que se contemplan», alerta.
En concreto, apunta que los 27.633 millones de euros presupuestados de los fondos de recuperación Next Generation, centrados en la reconstrucción verde, se repartirán entre el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
De ellos, el segundo dedicará 630 millones al despliegue de renovables, 555 millones al hidrógeno verde, 445 millones a movilidad eléctrica y 110 millones a transición justa. Por su parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destinará principalmente el dinero a rehabilitación de viviendas (2.489 millones) y movilidad sostenible en medio urbano e interurbano (1.736 millones).
En cuanto a protección de la biodiversidad y ecosistemas resilientes, «pese a ser una de las 10 palancas incorporadas en el Plan de Recuperación», el Gobierno «solo» asigna 1.142,7 millones de euros, que se repartirán entre el cuidado de los ecosistemas, agua (más del 61% del total) y costa.
Estas cantidades para Greenpeace suponen que la apuesta del Gobierno pasa por la «perpetuación del actual y predominante modelo agroindustrial, responsable de un alto nivel de emisiones de GEI, contaminación de suelos y acuíferos, pérdida de biodiversidad y deforestación inducida por las importaciones de soja para la fabricación de piensos ganaderos, así como una falsa solución al despoblamiento rural».
En su opinión, en vez de impulsar la agricultura y ganadería ecológicas de pequeña y mediana escala frente al modelo industrial de macrogranjas, el Ministerio de Agricultura centrará más del 60 por ciento de su esfuerzo inversor (303 millones) en la modernización de regadíos y (101,84 millones) a mejorar la competitividad y calidad del sistema agroalimentario, lo que para la ONG perpetúa el «insostenible modelo actual».
En cuanto a las políticas de gasto para Industria y Energía, denuncia que se seguirá dando «ayudas encubiertas» a través de compensaciones al sector industrial, sin que se especifiquen condicionantes ambientales, como es el caso de los 277 millones de euros dirigidos en su mayor parte a compensar a los consumidores electrointensivos (que deberían condicionarse a mejoras de eficiencia y/o aumento del uso o contratación directa de energía renovable), o el dinero destinado del Programa de Renovación de Vehículos 2020 (Plan Renove), que continuará subvencionando la venta masiva de coches particulares en lugar de promover una movilidad menos dependiente del automóvil.
«La actual crisis económica, social y ambiental solo se puede abordar desde una transformación radical del sistema económico y social», insiste Saldaña que advierte también de que «una vez más» el Gobierno aplaza la reforma fiscal verde y justa.
A su juicio en materia de fiscalidad verde no hay novedades sino que se mantienen «un sinfín de exenciones» para seguir contaminando con combustibles fósiles. De ese modo, afea al Ejecutivo que el principio de que ‘quien contamina paga’ vuelve a estar «prácticamente ausente de los presupuestos».
«España sigue estando en el furgón de cola de la Unión Europea en impuestos verdes, con un porcentaje respecto al PIB del 1,77%, frente a la media del 2,37%», asegura la ONG.
No obstante, como aspecto positivo, Greenpeace ve «con buenos ojos» el avance en la progresividad de los impuestos y la distribución de la riqueza, con la introducción de la medida fiscal que establece un tipo mínimo del 15 por ciento en el impuesto de sociedades.
Para la coordinadora del análisis de presupuestos, Alicia Cantero, la fiscalidad ambiental es «una de las vías imprescindibles» para garantizar la transición ecológica de la economía, pero es necesario que esta transición sea verde y además justa.
«Es indispensable una reforma fiscal que sea progresiva, que incluya medidas para redistribuir la riqueza y sobre todo que incluya medidas directas de compensación. Es muy importante que la transición ecológica no deje a nadie atrás», ha valorado.
