Inverco, Unespa y la Confederación Española de Mutualidades (CEM) han pedido este miércoles en un comunicado que se aumente el límite fiscal de ahorro individual para la jubilación, ya que consideran que la rebaja prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 «afectará negativamente al conjunto de trabajadores y, especialmente, a los autónomos».
Así, las tres organizaciones opinan que debe mejorarse y no perjudicarse de nuevo el tratamiento de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria.
La rebaja contempla una reducción de 500 euros en la aportación individual máxima a los planes de pensiones privados con derecho a deducción en el IRPF, con lo que pasa de los 2.000 euros actuales a los 1.500 euros.
Esta sería la segunda reducción consecutiva en dos años, ya que los PGE de 2021 redujeron la aportación máxima de 8.000 euros a los 2.000 actuales.
Inverco ya se había pronunciado contra esta primera rebaja: la patronal prevé que las aportaciones se vean reducidas este año en más de un 30% debido a esa primera rebaja.
En esta ocasión, las tres organizaciones han incidido en que «el ahorro individual para la jubilación es necesario debido a la estructura del mercado laboral español» y que la rebaja es discriminatoria para «la gran mayoría de la población ocupada española» al afectar a las más de 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social y a los empelados de las pymes.
Las organizaciones señalan que la reforma podría tener efectos indeseados: la cuantía del ahorro acumulado dentro del sistema individual sería insuficiente, con lo que la cuantía media mensual resultante «a duras penas servirá para complementar la pensión pública del trabajador y garantizarle unos ingresos totales adecuados».
Además, la irregularidad de los ingresos del trabajo debido a las crisis hace que deba permitirse «a los trabajadores, especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia, recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años en los que tienen estabilidad en sus ingresos».
«Los limites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral», han defendido.
Desde el punto de vista de la Hacienda Pública, las organizaciones han recordado que el tratamiento fiscal de los sistemas de previsión social no genera beneficios y que la reducción en la base imponible del IRPF de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones.
Por eso, creen que «toda medida destinada a reducir ahora las deducciones fiscales por aportaciones a instrumentos individuales de previsión social complementaria derivará en una reducción de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo».
