El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido este jueves que la decisión del Gobierno de reducir las aportaciones máximas con derecho a deducción a los planes de pensiones privados «está orientada a potenciar los planes de empleo» dentro de las empresas y cumple con una de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
El Ejecutivo pretende fomentar planes que sirvan «genuinamente para generar ahorro a medio plazo», sobre todo paras las rentas medias y bajas «que necesitan una pensión», como ha expuesto Escrivá durante la presentación de las cuentas de su Ministerio dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.
Las cuentas para 2022 contemplan una reducción de 500 euros en la aportación individual máxima a los planes de pensiones privados con derecho a deducción en el IRPF, que pasará de 2.000 euros a 1.500 euros anuales a partir del 1 de enero.
Por el contrario, las aportaciones máximas a los planes de empresa con derecho a deducción subirán 500 euros, desde los 8.000 euros a los 8.500 euros para 2022. Entre ambas, la aportación total con beneficios fiscales se mantiene en 10.000 euros anuales.
Escrivá ha explicado que tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como la Comisión Europea han advertido a España de que los planes individuales no cumplen el objetivo para el que estaban diseñados, ya que con ellos solo obtienen beneficios fiscales «rentas altas o patrimonios muy altos».
El ministro ha asegurado que la reducción de la aportación máxima en los planes privados también servirá para que la industria «vaya desplazándose a planes colectivos».
«Un país que tiene muchos beneficios fiscales, como España, tiene que analizar de forma fina y precisa si cumplen los objetivos para los que se diseñaron y la reducción de ingresos que está dispuesto a asumir el Estado a cambio de que se materialice este resultado», ha comentado Escrivá.
El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, ha insistido en que los planes privados no van a desaparecer, sino que se desplazará el objetivo fiscal «a donde la evidencia dice que es más efectivo».
«El Pacto de Toledo era muy claro. Esto se tiene que traducir en un mayor desarrollo de los planes colectivos o de empleo», ha zanjado Arroyo.
En dos años, las aportaciones máximas a los planes individuales han experimentado un recorte de 6.500 euros, puesto que los PGE de 2021 ya introdujeron una rebaja desde los 8.000 euros a los 2.000 euros, que se situará en 1.500 euros el próximo año, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo.
