El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno toma declaración este viernes a una serie de imputados por la ‘Operación Titella’ y que figuran como presuntos testaferros vinculados a una presunta macroestafa que tiene al productor de televisión José Luis Moreno como principal imputado.
Según una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 escuchará a cuatro personas que aparecen como administradores de distintas sociedades: Joaquín Dillet, Victoria Flavia, Juan Dillet y Philippe Joanny. Por otro lado, el magistrado también tomará declaración al empleado de una de las empresas, David Escrich.
En el caso de Joaquín Dillet, los investigadores le sitúan como el administrador de la sociedad Overseas Development. La policía cree que habría recibido remesas de dinero provenientes, precisamente, de otras de las sociedades de la trama.
En cuanto a Victoria Flavia, un oficio de la Policía Judicial la señala como administradora de la sociedad Kantamelade y como receptora de diversas transferencias. Además, sería conocedora de la operativa fraudulenta en torno a los pagarés ya que, en una denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid propuso que se tomase declaración a los directores de banco que habrían emitido pagarés con facturas falsificadas.
LÍNEAS DE CRÉDITO
En lo relativo a Juan Dillet, los investigadores sostienen que era socio de otros dos imputados: Raúl Pontvianne y José Antonio Mas. Junto a ellos habría conseguido diferentes líneas de crédito con entidades bancarias, entre las que se destacan prestamos de hasta 1 millón de euros.
Además, figuraría como administrador de Dixtels Trade S.L., una sociedad que habría recibido y emitido multitud de transferencias entre las empresas investigadas y habría participado en la consecución de financiación fraudulenta. Con esa sociedad habría efectuado operaciones exteriores de con Alemania por un importe cercano a los 700.000 euros.
Por su parte, Philippe Joanny –marido de Marta Dillet, testaferro de José Luis Moreno– habría sido el encargado de mover grandes cantidades de dinero junto a su pareja. Utilizando una cuenta bancaria particular y la de su hija menor de edad, habría recibido frecuentes transferencias no justificadas.
Algunos de los ordenantes de esos fondos están relacionados, apuntan los investigadores, con el comercio de bebidas alcohólicas. De esta forma, y entre mayo de 2017 y julio de 2018, se habrían registrado unos movimientos de fondos de cerca de 200.000 euros.
Esta serie de declaraciones llega una semana después de que el juez diese un nuevo impulso a las pesquisas y llamase a Natalia Fernández, sobrina de Moreno que se negó a declarar; y Cristina Muñoz y Rosa Santamaría, dos trabajadoras de empresas del productor de televisión que defendieron que las facturas emitidas eran reales. Ese mismo día también debía haber declarado el hermano de Natalia, Raúl, pero su citación tuvo que ser pospuesta.
El pasado jueves declararon Luis Dueñas y Óscar Tardío y también se esperaba a José María Alvear y Ernesto Paniagua, pero su comparecencia fue suspendida. Un día después, el viernes, pasaron por la Audiencia Nacional Pascal Jean Jorgen y Beatriz Sánchez, ausentándose de esta ronda Óscar Ordoñez y Ramón Sánchez.
MORENO, LA «TARJETA DE VISITA»
Moreno es uno de los principales imputados en la ‘Operación Titella’, cuya investigación comenzó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario que habría causado un perjuicio económico de 85 millones de euros, conforme a los cálculos de la Fiscalía.
Acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica, el productor de televisión está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.
El instructor le impuso una fianza de tres millones de euros que el ventrílocuo presentó ‘in extremis’ en forma de aval hipotecario, lo que le obliga a cubrir el doble de la cantidad requerida, es decir, seis en lugar de tres millones.
De acuerdo con el sumario del caso, la Policía Nacional sospecha que Moreno mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.
ESTAFA Y BLANQUEO
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aquilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.
