El Pleno del Congreso debate este martes, a instancias de la CUP, la conveniencia de revisar todas las concesiones de centrales hidroeléctricas para comprobar en los registros de aguas la caducidad real de las mismas e impulsar una investigación para determinar si existen concesiones que llevan más de 75 años de explotación, plazo máximo fijado en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
En la proposición no de ley que defenderá ante el Pleno, la CUP recuerda que para explotar el agua se necesita un permiso, que la concesión se tiene que inscribir en el Registro de Aguas, que es público, y que éstas sólo pueden hacerse por un máximo de 75 años, sin posibilidad de alargarlas con prórrogas.
Sin embargo, esta formación señala que hay concesiones tramitadas antes de 1921 prorrogadas por la Ley de Aguas de 1985 que alcanzan incluso hasta 2061, vulnerando la Ley de Patrimonio que, reivindica, cuenta con un rango superior.
REVISIÓN DE SU CADUCIDAD
Por ello, la CUP plantea en su iniciativa exigir al Gobierno realizar un estudio de todas las concesiones, obligar a los registros a certificar la caducidad rea de las concesiones y asegurar que las centrales pasen a gestión pública y las ganancias reviertan en el territorio y las administraciones municipales.
Por otro lado, con la iniciativa también quiere impulsar dos investigaciones para comprobar si ha existido algún tipo de fraude en la explotación de las concesiones, una a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y otra a través del propio Congreso.
UNA COMISIÓN PARA INVESTIGAR SI HAY PLAZOS DE MÁS DE 75 AÑOS
En el primer caso, plantea al Gobierno instar a la CNMC a investigar y sancionar a las compañías privadas que hayan cometido fraude, obligando a la restitución económica de la explotación fraudulenta a la Administración competente.
Y, del lado del Congreso, llama a crear una comisión de investigación con el objetivo de revisar todas las concesiones y fechas de caducidad de las centrales hidroeléctricas, y la posible vulneración de la Ley de Patrimonio que establece el período de 75 años de explotación como máximo.
Precisamente, el pasado fin de semana en su 40º Congreso, el PSOE se abrió a estudiar alternativas para un cambio de modelo energético, «incluidas la que impliquen una mayor participación pública» y ha puntualizado que «un primer paso será la recuperación por parte del Estado de la explotación de las centrales hidroeléctricas» cuya concesión está previsto finalice en los próximos años.
