La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y la Asociación de Fiscales (AF) creen que el Tribunal Supremo ha perdido este martes «una oportunidad extraordinaria» para fijar los límites o para especificar la idoneidad a la hora de realizar el nombramiento del fiscal general del Estado.
Todo ello después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya inadmitido los recursos de PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado –ex ministra de Justicia– como fiscal general del Estado al entender que hay una falta de legitimidad activa de ambas formaciones. La votación de la Sala se ha resuelto por cinco votos contra dos, y los magistrados que abogaban por la legitimidad para presentar recurso realizarán votos particulares.
Desde APIF ha insistido que, pese a la decisión del TS, los «mecanismos legales para garantizar que los nombramientos se ajustan a la estricta legalidad deben ser revisados». Así, y «con todo el respeto» al Alto Tribunal, creen que «no es posible que la legalidad» de este nombramiento «permanezca con sombras porque falta un legitimado con ‘interés legítimo’ para someter la cuestión ante los tribunales».
LA LEGALIDAD O NO ES DE «EVIDENTE» INTERÉS PARA LA SOCIEDAD
A su juicio, el interés por esclarecer la legalidad del nombramiento de Delgado «es evidente para toda la sociedad en su conjunto». Así, APIF considera que «se ha perdido una oportunidad extraordinaria para que el TS fije los límites de la idoneidad requerida» para ocupar el cargo. Y añaden: Si la imparcialidad forma parte de la esencia de la figura del fiscal general, debería haberse podido ponderar cuales son los límites que no pueden ser rebasados al suponer tachas a la imagen de imparcialidad del elegido o elegida».
Por último, desde la asociación han sostenido que, «en el terreno de lo deseable», la figura del fiscal general «ha de estar desprovista de toda connotación política que derive del desempeño de cargos de importancia en el poder ejecutivo, entre otros supuestos». Ya que, apuntan, «el cargo que se elige es el de fiscal general del Estado» y «no un cargo gubernamental».
En una línea parecida se han expresado desde la Asociación de Fiscales. Fuentes de la misma han señalado que coinciden en que el Tribunal Supremo ha malgastado una «oportunidad de oro» para poder «limitar o especificar» la idoneidad para ocupar la Fiscalía General del Estado.
