Los grupos del Congreso, salvo Vox, han manifestado este martes su apoyo a tramitar una proposición de ley de ERC para acabar con los abusos sexuales en los centros educativos perpetrados por profesores y trabajadores de la educación a los menores.
La iniciativa, cuya toma en consideración se vota esta tarde, pretende modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto de los Trabajadores con el objeto de endurecer el control hacia docentes y otros trabajadores de la enseñanza en beneficio de la protección del menor.
Algunas cuestiones que se plantean en la proposición son la incorporación de una sexta causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera. Así, además de por renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación, sanción disciplinaria o inhabilitación, también se tendrá en cuenta, según el texto de ERC, la condena firme por un delito contra la libertad e indemnidad sexual, incluyéndose la agresión y abuso sexual, el acoso sexual, el exhibicionismo y provocación sexual, la prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como la trata de seres humanos, y siempre y cuando la víctima sea menor de edad.
La proposición también incluye que, en el caso de las faltas relacionadas con conductas que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, el plazo de prescripción comience a contar desde que la presunta víctima cumpla los 30 años.
También se aumenta de 6 a 8 meses el plazo máximo de suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario y que esta suspensión provisional se mantendrá hasta que la resolución judicial sea firme en aquellos procedimientos penales por delitos sexuales cuando el investigado ejerza profesión, oficio o actividad que implique el contacto habitual con menores y la presunta víctima sea menor de edad.
Con respecto a la modificación del Estatuto de los Trabajadores, la proposición de ERC quiere que se incluya un nuevo apartado sobre cuándo se extinguirá un contrato de trabajo. Este nuevo supuesto es por condena firme contra el trabajador que ejerza profesión, oficio o actividad que implique el contacto habitual con menores en aquellos procedimientos penales que tengan por objeto enjuiciar delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
Asimismo, se incorpora al Estatuto de los Trabajadores un nuevo punto sobre las faltas y sanciones de los trabajadores: «El trabajador investigado será apartado de su puesto de trabajo con efectos inmediatos a fin de garantizar que no se produzca coincidencia en tiempo y espacio entre este y cualquier persona menor de edad. Para garantizarlo, se aplicaran medidas de movilidad funcional de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador». Si no fuera posible esta movilidad, el trabajador tendría que dejar de prestar servicio pero se le mantendría el sueldo.
LA PROTECCIÓN DEL MENOR, POR ENCIMA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Durante su intervención, la diputada Montserrat Bassa (ERC) ha defendido la propuesta, no sin antes admitir que plantea un «dilema». «Hay una colisión de derechos, la presunción de inocencia del profesor y los derechos de los menores», ha detallado Bassa, que no obstante, ha aclarado que, en estos casos, «la protección del menor es siempre un bien superior que prima frente al derecho del profesor hasta que la Justicia no emita sentencia».
Con respecto al resto de medidas, considera que «la suspensión provisional no es castigar al profesor sino proteger al menor hasta que se determine su culpabilidad».
Desde el PSOE, Maribel García ha mostrado su apoyo a la iniciativa por considerarla «apropiada», aunque ha recordado que la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (la denominada ‘Ley Rhodes’) ya garantiza la protección y seguridad de los menores en los centros educativos, así como que la nueva Ley educativa (LOMLOE o ‘Ley Celaá’) también avanza en ello a través de la designación de un «coordinador de bienestar y protección» y la educación afectivo-sexual.
También Joan Mena, de Unidas Podemos, ha mostrado su respaldo a la proposición, en una intervención en la que ha implorado a los grupos parlamentarios abordar el tema de la violencia sexual en el ámbito educativo con «rigurosidad, unanimidad y voluntad política». A pesar de dar su apoyo a la propuesta, ha lamentado que desde ERC sólo focalicen la responsabilidad en el trabajador y no en la Iglesia.
En este sentido, ha asegurado que desde su grupo pedirán que se incluya la pérdida del concierto educativo para aquellos centros concertados católicos que silencien este tipo de delitos. «La Iglesia tiene una responsabilidad histórica en este tema –ha dicho–. La Conferencia Episcopal Española debe iniciar una investigación como también lo tendría que hacer el Gobierno, este Congreso y la Fiscalía».
«UN BUEN COMPLEMENTO DE LA LEY RHODES»
También Cs se ha sumado a la proposición porque en ningún caso se da «un paso atrás» a la hora de proteger a los menores, aunque su diputada, Sara Giménez, considera la iniciativa más bien «un buen complemento» de la ‘Ley Rhodes’ que podría aplicarse de manera más «amplia» a otro tipo de trabajadores como pediatras, fisioterapeutas o trabajadores en centros de menores tutelados.
También han apoyado la iniciativa Inés Sabanés (Más País-Equo), que también la considera «complementaria» a la Ley de infancia porque «mejora la protección» de los menores a través de una «mayor exigencia y control en el ámbito escolar laboral para las administraciones, instituciones y empleados públicos», y el diputado Sergi Miquel i Valentí (PDeCAT), que dice «compartir» el sentido del texto.
En la misma línea se han manifestado los diputados vascos. Isabel Pozueta (EH Bildu) se ha referido a la Iglesia para justificar que se aumente la protección de los menores, apostando como solución a estos casos la educación y la terapia en lugar de aumentar las condenas, mientras que Joseba Andoni Agirretxea Urresti (PNV) ha pedido que haya acuerdos con respecto a esta proposición, aunque no se ha mostrado conforme con algunos detalles, que asegura se discutirán.
TODOS A FAVOR EXCEPTO PP, VOX Y FORO
Por el contrario, tanto PP como Vox no han querido aclarar su postura con respecto a la iniciativa. «Esta proposición de ley es pertinente, sin embargo sorprende», ha afirmado la diputada ‘popular’ Beatriz Fanjul, que cree que sus contenidos podrían haberse incorporado a la Ley de infancia. En todo caso, considera necesario «retocar algunos términos para reforzar la seguridad jurídica y la presunción de inocencia» y ve las medidas «razonables».
Desde Vox, Georgina Trías ha pedido «mano firme y medidas contundentes» para quienes cometen abusos. Aunque tampoco ha dejado clara su postura, Trías ha reprochado a los grupos que la ‘Ley Rhodes’ hable de formación especializada para prevenir los abusos: «¿Qué les van a enseñar? ¿Basura ideológica?», ha lanzado en referencia a la polémica suscitada por los libros de temática LGTBI en centros educativos de Castellón. Tampoco Foro Asturias ha manifestado su apoyo a la iniciativa.
