La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado este miércoles ante la Comisión de Igualdad en el Congreso que «no es suficiente» con decir que la explotación sexual es una violencia machista y ha llamado a la Cámara a «no mirar para otro lado» con las mujeres víctimas de esta situación y de la trata.
Montero ha hecho repaso en la Cámara baja de las líneas de trabajo de su departamento y ha recordado que los diputados tendrán que debatir en próximas semanas sobre «las mejores vías para garantizar los derechos de las mujeres en contextos de prostitución» o para «acabar con la impunidad de la industria proxeneta», ente otras medidas, que están incluidas en la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley de ‘solo sí es sí’, actualmente en trámite.
«Creo que hay un amplio consenso en que es el momento de dejar de mirar para otro lado con todas las mujeres que son víctimas de trata y explotación sexual en nuestro país», ha declarado ante la comisión.
En este sentido, ha señalado que «no basta con decir que es una forma de violencia machista», sino que, a su juicio, «hay que dar alternativas», y «cumplir» con todas las recomendaciones obre este tema, como la del Comité CEDAW o los grupos de expertos GREVIO y GRETA en sus informes a España.
REFORMA LEY DE EXTRANJERÍA
Relacionado con este tema, la responsable de Igualdad en el país ha explicado que ya se trabaja en el Primer Plan de Inserción socio laboral para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución.
«Pensamos que la primera tarea del Estado respecto a las mujeres en contextos de prostitución debe ser asumir que sus derechos tienen que estar garantizados de forma efectiva y eso pasa porque puedan acceder a alternativas laborales, habitacionales, formativas, vitales», ha explicado.
Pero no es la única medida, según ha señalado. Igualdad también aboga contra la explotación de estas mujeres «una necesaria reforma de la Ley de Extranjería» para que las migrantes víctimas de esta lacra puedan contar con la misma protección y derechos que el resto.
Según ha indicado Montero, los datos y las denuncias de las ONG y asociaciones que están en el día a día de la explotación sexual, la trata y la prostitución, determinan que «entre el 70% y 80% de esas mujeres están en situación administrativa irregular».
«Espero encontrar un consenso en este parlamento en el reconocimiento efectivo de los derechos de todas estas mujeres que han estado toda la vida en los márgenes de lo visible y de las políticas públicas», ha declarado. «Es el momento de reparar la deuda y no puede ser dando la espalda a que puedan tener una vida digna de ser vivida en nuestro país», ha añadido.
