El informático que desarrolló el software con el que se habría perpetrado la presunta estafa piramidal con criptomonedas de Arbistar, Viktor Frantz, ha reconocido en su declaración como imputado de este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que lo desarrolló y se lo vendió a la empresa por 100.000 euros, si bien se ha desentendido del error que habría dado lugar al desmoronamiento de la pirámide, al tiempo que ha asegurado que no obtuvo más ganancias.
Frantz, que en una presentación de Arbistar figura como el responsable informático, estaba en busca y captura como uno de los presuntos implicados en una estafa piramidal que, de acuerdo con los cálculos de la Audiencia Nacional habría dejado un saldo de más de 50 millones de euros estafados y más de 3.000 perjudicados. Sin embargo, el magistrado acordó suspender las órdenes de detención en su contra después de que fijara domicilio y se comprometiera a comparecer este 21 de octubre.
Según las fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha llevado a cabo un extenso interrogatorio encaminado a determinar qué papel habría jugado Frantz en una presunta estafa que, conforme al relato judicial, habría comenzado con la comercialización de programas de inversión en criptomonedas mediante herramientas informáticas o ‘community bot’.
Estos programas ejecutaban órdenes de compra y venta automatizadas garantizando una revalorización de entre un 8% y un 15% mensual, con la salvedad de que durante dos meses los inversores no podían disponer del dinero obtenido. Después, el 30% de lo ganado sería para Arbistar y el monto restante para el cliente.
Calama explica en sus resoluciones que Arbistar ofrecía también productos relacionados, tales como cuentas de ahorro digitales donde guardar los beneficios o tarjetas de crédito virtuales para poder hacer compras ‘online’ con las criptomonedas conseguidas.
La presunta pirámide comenzó a desmoronarse cuando un supuesto error en el software impidió que la rueda siguiera girando. De acuerdo con los afectados, Arbistar les dijo que no recibirían dinero en un tiempo.
Fuentes presentes en la declaración han indicado que Frantz ha contado que posee una empresa, MoonShuttle, desde la que ideó el software y se lo vendió a Arbistar por 100.000 euros. Ha reconocido que acabó haciéndose socio de esta segunda mercantil, con derecho a participar en los beneficios generados, pero ha asegurado que nunca recibió su parte, tampoco la pidió y, de hecho, a día de hoy no la ha reclamado. También ha sostenido que ni él ni su familia invirtieron en el programa creado por él mismo.
A Calama, apuntan las mismas fuentes, le han extrañado dos cosas, que siendo socio de una empresa no reclamara sus dividendos y que habiendo desarrollado un programa capaz de generar tales rendimientos no invirtiera en él. Por ello, le ha pedido que aporte una serie de documentación, incluidas su titulación académica como informático y la factura que acredita la compraventa del software por 100.000 euros, así como un listado de los trabajadores de MoonShuttle.
DECENAS DE MILES DE PERJUDICADOS
El magistrado ha querido ahondar en las tareas exactas que desempeñó Frantz para Arbistar, por lo que le ha preguntado si dio algún tipo de soporte informático cuando surgió el supuesto error que bloqueó el software y, con ello, los pagos. El investigado ha contestado que él se limitó a crear la versión inicial sin tener ninguna otra intervención posteriormente.
A iniciativa del juez instructor, que ha protagonizado buena parte de un interrogatorio que ha durado varias horas, dado que Frantz solo ha respondido después –y brevemente– al fiscal y a su defensa, el joven francés ha afirmado que no atesora grandes cantidades de dinero porque, si bien formaría parte de varias ‘start up’, le pagarían en participaciones, y ni él ni su familia tienen ‘carteras frías’, dispositivos que sirven para almacenar los archivos informáticos donde constan las criptomonedas.
También a preguntas de Calama, Frantz ha estimado que Arbistar pudo llegar a tener decenas de miles de clientes, una cifra que podría multiplicar la cantidad de afectados. Actualmente están personados poco más de 3.000 que ejercen la acusación particular representados por distintos despachos de abogados, entre ellos Lucas Asociados.
La estafa piramidal estalló en otoño de 2020 con las primeras denuncias hasta que en abril de 2021 recaló en la Audiencia Nacional. Calama, que ha prorrogado la investigación hasta abril de 2022, ya ha tomado declaración al presunto cabecilla de la trama, Santiago Fuentes Jover, que guardó silencio, y a otros imputados. El próximo 4 de noviembre tiene previsto escuchar a Diego Felipe Fernández Nojarova, a quien Frantz ha señalado como su nexo con Arbistar.
