Concluye el VI Encuentro de Ciudades 2030 de la DGT con una declaración de 15 puntos

El VI Encuentro de Ciudades 2030 de la Dirección General de Tráfico (DGT) que se ha celebrado en Zaragoza entre este jueves y viernes, 21 y 22 de octubre, ha concluido con una declaración de quince puntos que se consideran «esenciales» tras los debates y las distintas intervenciones.

Este evento, que ha contado con la colaboración de FundaciónIbercaja, impulsora del proyecto Mobility City, ha sido clausurado por la consejera municipal de Movilidad y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca; y el director de la DGT, Pere Navarro. También ha intervenido en este foro el lesionado medular en accidente de tráfico y representante de AESLEME ARAGÓN, Francisco Antonio Ureta.

Pere Navarro ha elogiado la calidad de vida de Zaragoza, que «ha pasado de pueblo grande a una gran, gran ciudad». Ha calificado gente prudente, sensata y buena gente a los impulsores del proyecto de Mobility City, que es «estratégico a futuro» y ha brindado el apoyo de la DGT para llevarlo a cabo.

En su intervención, el director de la DGT ha confesado de su paso por las distintas instituciones que, «de largo, la administración más apasionante es el Ayuntamiento» por lo que les ha dicho a los participantes que son unos «privilegiados».

Ha dicho que este foro ha sido una «oportunidad» para abordar aspectos comunes a los ayuntamientos. Ha destacado que España es el país de Europa en el que más se camina, lo que supone un «inmenso activo» que ha pedido cuidar para caminar «seguros y sin emisiones» porque «el peatón es el rey».

Ha concluido al señalar que la Federación Española de Municipios y Provincias ha propuesto que el próximo Encuentro de Ciudades sea en Valladolid que es una ciudad que «está haciendo un gran esfuerzo en movilidad y ha emplazado a los asistentes a volver a verse en la ciudad vallisoletana en 2023.

DECLARACIÓN

El último punto y que es un compendio de los anteriores recoge la necesidad de integrar la seguridad vial en las estrategias locales de movilidad sostenible y hacer de la movilidad sostenible y la accesibilidad universal valores fundamentales en la planificación ygestión de las ciudades.

El listado de epígrafes de la declaración lo encabeza la afirmación de que toda muerte y lesión grave en accidente de tráfico es «prevenible e inaceptable» y que la actuación de todas las administraciones, organizaciones, empresas y profesionales con influencia sobre las condiciones de seguridad de los desplazamientos «debe regirse por este imperativo ético», asumiendo los principios del sistema seguro.

Otro apartado suscribe los principios del denominado enfoque de sistema seguro, impulsado por los principales organismos internacionales, que señalan que el sistema de movilidad debe ser diseñado teniendo en cuenta las limitaciones humanas.

El tercero reafirma el compromiso con la mejora de la seguridad vial, suscribe el objetivo de reducir el número de muertes y lesiones graves en un 50 por ciento en la década 2021-2030 y solicitar al Gobierno de España la aprobación de una Estrategia de Seguridad Vial que aspire a eliminar las diferencias entre las ciudades y el ámbito interurbano, en términos de reducción de la siniestralidad.

El siguiente solicita al Gobierno de España que asegure una adecuada coordinación entre las diferentes estrategias y políticas vinculadas a los ámbitos de la movilidad, la seguridad vial, el medio ambiente o la salud pública; así como a garantizar en todo momento una adecuada gobernanza con las entidades locales.

PLANES DE MOVILIDAD

A continuación se propone impulsar procedimientos efectivos que permitan un mejor conocimiento sobre los datos de accidentes, movilidad e indicadores de seguridad –como velocidad, cinturón, casco y alcohol–, que permitan realizar una adecuada y eficaz gestión basada en riesgos.

Para poder tomar las mejores decisiones, es conveniente conocer bien cuales son, de la manera más objetiva posible, los problemas derivados de la seguridad vial y sus causas. Por ello, la declaración dice que se deberían identificar los indicadores estadísticos que permitan analizar la evolución de la seguridad en cada ciudad –e incluso en cada ámbito o uso de las vías urbanas–, evaluar la efectividad de políticas y realizar comparaciones entre ciudades.

Otro apartado insta a todos los municipios a desarrollar Planes de Movilidad Urbana Sostenibles y Ordenanzas de Movilidad con integración plena de la seguridad vial como elemento esencial de la planificación urbanística, y basados en una pirámide de prioridades en cuya cúspide figuren los peatones, los ciclistas y el transporte público, como principales colectivos vulnerables a proteger yfomentar.

La séptima también insta a todas las administraciones públicas, organizaciones y empresas a elaborar y ejecutar planes de movilidad para los desplazamientos ‘in itinere’ y en misión de sus trabajadores, así como a establecer la seguridad vial como una prioridad en toda la cadena de valor de sus actividades, requiriendo,para sí mismas y sus eventuales contratistas, exigencias de seguridad relativas a las características de las flotas de vehículos y sus condiciones de utilización y mantenimiento.

En octavo lugar se pide implicar a la sociedad en la toma de decisiones, fomentando la participación y el debate ciudadano sobre los aspectos relacionados con la movilidad local y la seguridad vial, mediante los órganos de consulta para crear una clara conciencia sobre los riesgos viales y fomentar un sentido de responsabilidad y respeto hacia las normas de tráfico que garantice la convivencia segura en nuestras carreteras y calles.

Otra demanda es reconocer la necesidad de regular y contar con un diseño urbano adecuado que permita realizar el reparto de mercancías en ámbitos urbanos de forma racional y satisfactoria, actividad que ha venido experimentando un notable crecimiento en los últimos años.

ACCESIBILIDAD

El décimo apartado reconoce el principio de accesibilidad universal como un principio fundamental que debe inspirar la actuación de todas las administraciones públicas para disponer de itinerarios peatonales continuos, accesibles y seguros para todas las personas, con una especial consideración a los niños, las personas de edad avanzada y las personas con movilidad reducida.

El siguiente punto reafirma el papel «fundamental» de la velocidad como parámetro decisivo del riesgo de lesión mortal o grave en caso de accidente, y como elemento fundamental de una convivencia segura entre modos de transporte. Al mismo tiempo, se exhorta a todas las administraciones competentes a adoptar medidas y actuaciones que favorezcan el calmado del tráfico, combinado la gestión del tráfico con un diseño viario adecuado.

El listado continúa al reconocer la importante labor que realizan los municipios en la educación y formación vial de sus ciudadanos. Además de fomentar la educación desde todos los ámbitos posibles de la sociedad y, en general, desde todas las instancias que estén capacitadas para transmitir los valores de la movilidad sostenible y segura.

El apartado número trece destaca la importancia de la vigilancia y control de los comportamientos de riesgo en la mejora de la seguridad vial, manifestando la necesidad de reforzar los recursos disponibles y la capacitación de los policías locales y agentes de movilidad en esta materia.

El epígrafe catorce exhorta a todos los poderes públicos a mejorar la atención y la información a las víctimas de los accidentes de tráfico y a sus familiares, orientándolos sobre los recursos y servicios que las instituciones ponen a su disposición, y a reconocer que una respuesta efectiva después del accidente también incluye una adecuada reinserción social y laboral, así como un apoyo psicológico-mental, social y legal adecuado y suficiente