El acuerdo entre Gobierno y ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 establece que el PSOE aprobará la nueva Ley audiovisual con ERC, una norma que contemplará el establecimiento de un «porcentaje» de producción audiovisual en lenguas cooficiales –en catalán, en euskera y en gallego–.
Según el documento hecho público por la formación catalana, la nueva ley «potenciará y fomentará la producción audiovisual, protegiendo las lenguas cooficiales y contribuyendo a su difusión».
Como indica el texto, en el que no figura la rubrica de ninguna formación política, «con ese fin, se buscarán las mejores fórmulas para garantizar un porcentaje de producción, doblaje y subtitulación en lenguas cooficiales que requerirá de la conformidad de Esquerra Republicana para aprobar la Ley».
El portavoz en el Congreso de ERC, Gabriel Rufián, ha celebrado un acuerdo con el PSOE para que la próxima Ley Audiovisual sólo pueda ser aprobada con su visto bueno, asegurando que eso implica la inclusión de una cuota específica para las producciones en lenguas cooficiales, a determinar en una negociación.
Posteriormente, el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, ha limitado el acuerdo a que esta ley será pactada con ERC mediante el consenso sobre los mecanismos a utilizar para proteger a lenguas cooficiales, pero ha rehusado hablar de «cuotas».
Por otro lado, el acuerdo hecho público por ERC señala que la nueva ley respetará «todas las actuales competencias» de los organismos de gestión y control (CAC) autonómicos y trabajará para dotarlos de nuevas competencias.
COPRODUCCIÓN DE RTVE CON TV3
Asimismo, las televisiones autonómicas con lengua propia «se beneficiarán de los nuevos sistemas de financiación que se establezcan en la nueva normativa» y RTVE, en coproducción con TV3, será «motor de producción audiovisual» para lo que se reservarán «fondos».
Además del acuerdo para la nueva Ley Audiovisual, el PSOE y ERC han acordado poner en marcha tres medidas pactadas para los anteriores Presupuestos y aún no ejecutadas: la transferencia «inmediata» de unos 18 millones de euros en becas educativas, avanzar en la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) y concretar la inversión en cooperación para un corredor humanitario.
