La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este viernes que la sentencia por la que la Audiencia Nacional ha condenado al extesorero del PP Luis Bárcenas a 2 años de cárcel por pagar en ‘b’ más de 1 millón de euros de las obras de reforma de la sede ‘popular’ de Génova y al PP como responsable civil subsidiario tiene «una repercusión muy grave», por lo que ha instado al líder de este partido, Pablo Casado, a no dar «lecciones de democracia».
En declaraciones a la prensa en el Senado, la titular de Justicia ha sostenido que España no se puede permitir que el «jefe de la oposición que no esté centrado» en salir de la crisis y que «tenga que estar pensando en otras cuestiones internas» relacionadas con su formación.
En esta línea, ha instado al presidente de los ‘populares’ a que centrarse en «arrimar el hombro» para lograr la «recuperación» económica del país, algo que le resultará «bastante difícil» si tiene que «estar centrado» en cuestiones internas.
«Tiene muchas causas de corrupción pendientes, y lo que pedimos a Casado es que esté a la altura, que cumpla con la ley, con la legislación y que proceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial», ha espetado la ministra.
Llop se ha referido así al presidente del PP un día después de que se conociera el fallo que ha condenado al Partido Popular como responsable civil subsidiario de Bárcenas en la cuantía de 123.669 euros por el Impuesto de Sociedades (IS) de 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la remodelación de la emblemática sede situada en el número 13 de la madrileña calle Génova.
LA «TRANSPARENCIA» DEL GOBIERNO FRENTE AL SILENCIO DEL PP
Y respecto al hecho de que los ‘populares’ no hayan querido entrar a valorar el fallo, Llop ha dejado claro que «corresponde» a la formación decidir si deciden seguir una línea como la del Gobierno, que a su juicio apuesta por la «transparencia».
Precisamente la responsable de Justicia ha puesto de ejemplo la estrategia del Ejecutivo a la hora de abordar la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto al segundo estado de alarma. Un fallo en el que el Tribunal de Garantías ha tenido un «criterio distinto» al del Gobierno que, con todo, ha ofrecido explicaciones.
«El Gobierno tiene la obligación de explicar a los ciudadanos porqué hizo eso. Por eso yo me he ofrecido a los medios para explicar porqué se ha decretado la inconstitucionalidad. El PP sabrá si quiere hacer o no un valoración», ha añadido.
UNA NUEVA LLAMADA A LA RENOVACIÓN DEL CGPJ
Por otro lado, la ministra también se ha dirigido al líder de los ‘populares’ para emplazarle a desbloquear la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «No contemplo la no renovación porque soy demócrata y creo en la Constitución. No contemplo otro escenario y no lo entiendo», ha reconocido Llop.
Así las cosas, la titular de Justicia ha insistido en que el Ejecutivo «no va a renunciar a que se renueve», una posibilidad que solo se podrá alcanzar si el PP accede a alcanzar un «acuerdo de Estado» que es «necesario».
Para alertar de las consecuencias del bloqueo, Llop se ha referido al informe del Gabinete Técnico aprobado por la Sala del Gobierno del Tribunal Supremo, en el que se avisa de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales implicará que al año se realicen 1.000 sentencias menos. Además, en el mismo apuntan que se incrementarán los retrasos en los tiempos de respuesta.
El Supremo advirtió así de la situación a la que tendrán que enfrentarse las diferentes salas en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del CGPJ.
«Afecta a los intereses de la ciudadanía. Como no se renueve se van a producir retrasos en más de 1.000 sentencias que tienen que resolver los tribunales en materia de desahucios, divorcios, materias laborales… fíjese si es importante que se renueve para evitar ese impacto«, ha sostenido Llop.
LA REFORMA DE LA LEY DEL PODER JUDICIAL
Preguntada sobre la posibilidad de reformar la ley orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces como solicita el PP, la ministra ha aseverado que hay que hacer «pedagogía ciudadana». «Parece que no se comprende que 12 de 20 vocales son jueces propuestos de antemano por jueces: no se elige a cualquiera», ha explicado.
En esta línea, Llop ha incidido en que lo que el Gobierno pide «es que se cumpla con la ley vigente que responde a la Constitución, donde los jueces representados» en el Consejo son «mayoría porque son 12 frente a 8», siendo estos últimos «juristas de reconocido prestigio».
Desde su punto de vista, los «poderes» del Estado «tienen que estar configurados de manera que los ciudadanos tengan algo que decir» a la hora de abordar la «elección de sus miembros». «Ese es el modelo por el que se optó», ha zanjado.
