Enriqueta Chicano, consejera del Tribunal de Cuentas y candidata del PSOE a continuar en el mismo, ha rechazado este martes que la fiscalización y la causa por responsabilidad contable que llevó adelante esta institución por el gasto exterior realizado por el Gobierno catalán para promocionar el proceso independentista fuera «un abuso de derecho».
Un asunto por el que el órgano fiscalizador reclamó 5,4 millones de euros, en concepto de responsabilidad contable, a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para impulsar ilícitamente el procés en el exterior.
Chicano, que se perfila como nueva presidenta del Tribunal de Cuentas, ha sido la primera de los seis aspirantes que desfilarán este martes por la Comisión de Nombramientos del Congreso para someterse al examen de los distintos grupos antes de recibir el correspondiente aval para formar parte de la citada institución.
ES UNA EXPRESIÓN «FUERTE»
El diputado de Junts Josep Pagés ha llegado a tachar de «abuso de derecho» que el Tribunal de Cuentas haya pasado a controlar el ejercicio de una competencia legítima de una comunidad autónoma, como es la acción exterior de la Generalitat de Cataluña.
Una expresión que la aspirante a continuar en el seno del Tribunal de Cuentas ha calificado de «fuerte» y que ha negado. «No es un abuso de derecho el control del gasto público en cualquiera de sus facetas y ámbitos territoriales», ha defendido Chicano, para apuntar que el órgano fiscalizador «tiene competencia» para fiscalizar cualquier actividad que implique gasto público.
«No es abuso de derecho», ha insistido, y «muchísimo menos» si se tiene en cuenta que la fiscalización del gasto exterior de la Generalitat de Cataluña fue solicitada por la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Ésta ha sido la única crítica que ha recibido Chicano tras su exposición, pese a que Junts la ve idónea para ser consejera del Tribunal de Cuentas. Y es que los otros dos intervinientes, procedentes del PSOE y del PP, se han limitado a poner en valor la experiencia de más de 25 años que la aspirante acumula en el citado órgano, donde ha ocupado diferentes cargos.
¿NO ES MUCHO YA 700 PERSONAS?
Sólo le han preguntado por cómo perciben en el exterior la labor que lleva adelante el Tribunal de Cuentas, en el caso del diputado del PP Miguel Ángel Paniagua, y por las razones por las que ha sugerido, durante su exposición inicial, la necesidad de dotar de más recursos al órgano fiscalizador, según le ha interpelado la diputada socialista Elvira Ramón.
Por este último asunto también le ha interrogado el diputado de Junts, pero en su caso para cuestionar que reclame más medios cuando se ha conocido que más de 700 personas trabajan n el Tribunal de Cuentas y que cuenta con un presupuesto superior y con unos sueldos que sobrepasan a la media de otros órganos equivalentes.
En su respuesta, Chicano ha comenzado señalando que «siempre» que se intenta una labor parece que «todo lo que tienes es poco», ha puesto en valor la buena relación con los tribunales de cuentas «hermanos» y ha llamado la atención sobre la exigencia de una formación continúa del personal del Tribunal de Cuentas.
