Medio millar de entidades sociales y del Tercer Sector, unidas en la Plataforma por las Empresas Responsables, han recordado al Gobierno su compromiso sobre el impulso de una Ley de Debida Diligencia, por la que se obligaría a las empresas a respetar los derechos humanos y medioambientales en su cadena de valor, y le urgen a abordar este texto «sin dilación» y antes del fin de la legislatura.
Estas organizaciones han hecho pública una carta, dirigida al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a las tres vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, en donde expresan su «preocupación por la falta de acción» del Gobierno en esta materia.
«Hace ya cuatro años que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas mostró su preocupación por los vacíos del ordenamiento jurídico español y recomendó a España adoptar medidas legislativas en este sentido», apunta el escrito.
Las entidades apuntan que los partidos del Gobierno de coalición, incluyeron en sus programas electorales la promesa de una ley este tipo y que, ya en la Moncloa, han hecho «especial énfasis» en la implicación activa del sector privado en la defensa y promoción de los derechos humanos y el cumplimiento del principio de debida diligencia.
PROMESAS «EN EL PAPEL»
Sin embargo, denuncian las ONG, hasta ahora «las promesas solo permanecen en el papel» y, señalan, «no parece que estén trabajando en este sentido» y «se desconocen los pasos concretos para presentar un borrador de ley».
«Mientras tanto, países como Francia, Alemania y Noruega ya han aprobado legislación de debida diligencia y otros como Luxemburgo, Austria, Bélgica y Holanda tienen procesos legislativos en marcha», explica la Plataforma, antes de indicar que, también antes del fin de 2021 la Comisión Europea publicará el primer borrador de la directiva que regulará esta materia para que sea obligatoria en todas las compañías europeas.
A su juicio, este contexto internacional debería impulsar a España a seguir esta línea e, incluso «convertirse en referente» en la promoción de los derechos humanos y «haciendo de ello un carácter distintivo de las empresas españolas en el exterior».
«En la actualidad hay empresas en España que de manera voluntaria abordan este enfoque en su modelo de negocio y de gestión, pero siguen siendo una minoría», ha explicado la portavoz de la Plataforma, Isabel Tamarit.
Según ha explicado, «la ausencia de regulaciones adecuadas y la falta de consecuencias por la gestión negligente de los derechos humanos y los impactos ambientales en las cadenas de valor globales significa que hay pocos incentivos para que las empresas aborden esos impactos».
