sábado, 27 noviembre 2021 21:27

Casi la mitad de los imputados por la trama ‘Gürtel’ en Boadilla confiesa los hechos

Al menos once de las 26 personas que están procesadas por las actuaciones de la trama ‘Gürtel’ en el municipio madrileño de Boadilla del Monte han confesado los hechos que se les imputan en sucesivos escritos que han ido llegando a la Audiencia Nacional en estos años y hasta esta misma semana, a las puertas ya del juicio por esta pieza separada.

El entonces juez instructor de esta causa, José de la Mata, acordó el 29 de junio de 2016 llevar a juicio a un total de 27 personas físicas y a otras 11 jurídicas como responsables civiles, además de al propio Partido Popular como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiados en la cuantía de 204.198,64 euros de las presuntas corruptelas del grupo liderado por Francisco Correa en Boadilla del Monte.

El arranque del juicio, aplazado en dos ocasiones, se ha fijado finalmente para el próximo 16 de noviembre, cinco años después que han dado tiempo a muchas cosas, incluido el fallecimiento en 2019 de Rafael Naranjo Anegón, al que se acusaba de haber pagado comisiones a cambio de que su empresa, Sufi, obtuviera contratos de la administración municipal.

Este lustro también ha servido para que algunos de los encausados entonen el ‘mea culpa’ en busca de acuerdos de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción que les permitan rebajar en algo las penas interesadas, siendo la más alta para el cabecilla de la ‘Gürtel’, que por la pieza ‘Boadilla’ podría ser condenado a 76 años y 7 meses de prisión.

El ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, más conocido como ‘El Albondiguilla’, ha sido de los últimos en confesar. En un escrito enviado a la Sala de lo Penal ha reconocido que dio un «trato de favor» a la red de empresas del Grupo Correa a cambio de comisiones que en su caso superaron los 700.000 euros en efectivo más otros pagos en especie como viajes y ropa.

‘El Albondiguilla’ afirmó además que algunas de esas comisiones sirvieron para nutrir al PP. Así, precisó que, siguiendo «las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección general y nacional del PP», 30.050 euros de las mordidas por los contratos adjudicados a la Constructora Hispánica se destinaron a las campañas ‘populares’ para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003 y generales de marzo de 2004.

HABLA LA CÚPULA DE ‘GÜRTEL’

Según la dinámica descrita por De la Mata, la ‘Gürtel’ habría actuado de «forma ininterrumpida» en Boadilla del Monte al menos entre 2001 y 2009 enriqueciéndose de dos maneras: repartiendo ‘a dedo’ los contratos municipales entre las empresas de la trama «a cambio de la correspondiente comisión» y mediante «el apoderamiento directo de fondos de las entidades públicas» de la localidad madrileña.

El magistrado observó en esta maquinaria presuntos delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho y, para asegurar las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse a cada acusado, exigió fianzas de más de 150 millones de euros.

El pasado marzo, Correa envió una carta manuscrita a Anticorrupción donde reconoce como «cierto» el relato de hechos realizado por la Fiscalía, describiendo la operativa y detallando el rol desempeñado por cada uno, tras lo cual propuso rebajar la petición de pena que se hace para él a 13 años y 6 meses de cárcel y 1,9 millones de euros de multa.

Ese mismo mes, hacía lo propio Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y considerado el ‘número dos’ de ‘Gürtel’. Expresó su «arrepentimiento sincero», mostrándose «consciente» del daño económico causado, y pidió pasar de los 64 años y 7 meses de cárcel que le pide el Ministerio Público a 12 años y 9 meses.

OTROS ESLABONES DE LA CADENA

En abril, Alfonso Bosch Tejedor, ex diputado del PP de Madrid y ex gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), que habría sido clave en el entramado, admitía ser el «autor» de los hechos imputados, pidiendo pasar de los 23 años y 6 meses de posible condena a tan solo 5 años y 4 meses de cárcel.

En su caso, arrojó luz a los hechos investigados, no solo por desvelar algunos de los apodos internos –‘Don Vito’ para Correa, ‘Grecian’ para Crespo o ‘El Bujías’ y ‘El Neveras’ para él –porque Bosch coincide con una conocida marca de electrodomésticos–, sino también porque contó que el ‘modus operandi’ incluía «vías de presión» para conseguir los objetivos económicos.

Además, según las fuentes jurídicas consultadas, esta misma semana Isabel Jordán, señalada como administradora de algunas empresas de la ‘Gürtel’, ha presentado su escrito de reconocimiento de los hechos. El propio Correa llegó a explicar que otorgó a Jordán «facultades» para decidir las gratificaciones «de los distintos trabajos que encomendaban» a la red.

En los últimos días ha confesado igualmente Javier del Valle, que asume que ayudó a ‘El Albondiguilla’ a ocultar las comisiones que se embolsaba a través de estructuras societarias y financieras en el extranjero –Madeira, Panamá o las Islas Vírgenes–.

Asimismo, ha reconocido su rol el arquitecto Antonio de Miguel Reyes al poner negro sobre blanco que hacía la valoración técnica de las propuestas que realizaban las empresas que aspiraban a contratar con la administración municipal de modo que salieran favorecidas las compañías implicadas en la trama.

LOS EMPRESARIOS TAMBIÉN CONFIESAN

Del lado de los empresarios también ha habido destacadas delaciones, como la de Alfonso García Pozuelo, presidente de la Constructora Hispánica, que en 2015 reconoció que había pagado comisiones millonarias a cambio de contratos públicos. En concreto, admitió haber abonado 4,1 millones entre 2002 y 2004.

El empresario leonés José Luis Martínez Parra también reconoció que Correa medió para conseguir que administraciones gobernadas por el PP adjudicaran contratos a la compañía constructora de la que era vicepresidente, Teconsa.

En la misma línea, el constructor burgalés José Luis Ulibarri admitió las corruptelas para que su empresa, UFC, consiguiera una porción de suelo en Boadilla del Monte.

A todos ellos se suma, según avanzó ‘El País’, Jacobo Gordón, antiguo socio de Alejandro Agag –yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar–, que contó que ayudaba a mover el dinero de la ‘Gürtel’ mediante facturas falsas emitidas por su compañía.

Cabe recordar que muchos de los que en apenas diez días se sentarán en el banquillo ya fueron juzgados y condenados por otras ramas de ‘Gürtel’. Es el caso de Correa, Crespo, Jordán, García Pozuelo, Martínez Parra y Gordón.