La Plataforma por la Libertad de Información (PLI) presentará este miércoles un escrito en el Congreso de los Diputados reclamando a los grupos parlamentarios una derogación «amplia» de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ‘Ley Mordaza’, porque consideran que la reforma que se plantea es «muy limitada y no resuelve la amenaza que esta norma representa para la libertad de expresión y de información».
Desde la Plataforma lamentan que «los artículos más lesivos de esta norma se van a mantener permitiendo que se sigan recortando derechos fundamentales en vía administrativa en base a conceptos difusos, sin las suficientes garantías y sin la exigible intervención judicial».
Así, destaca que las multas contra periodistas, manifestantes o artistas han sido principalmente por «desobediencia a la autoridad» o «faltas de respeto», dos artículos que «podrían mantenerse y que no se encuentran entre los que han sido revisados por el Tribunal Constitucional que ya declaró inconstitucional el artículo 36.23 sobre la autorización para captar imágenes a la Policía».
La PLI denuncia que «conceptos genéricos como desobediencia a la autoridad o faltas de respeto son inaceptables para recortar derechos fundamentales, según los estándares internacionales».
Según recoge la Plataforma en su última memoria anual, «el artículo 37.4 sobre faltas de respeto a la Policía fue el tercer motivo de sanción (solo tras consumo/tenencia de drogas en vía pública y tenencia de armas), con un total de 18.687 multas con una cuantía total de 2.813.790 euros».
Le sigue, según indica, «el artículo 36.6, sobre desobediencia o resistencia o negativa a identificarse, que representó, en 2019, 12.645 sanciones con una cuantía de 7.787.554 euros (615 euros multa media), mientras que el artículo 36.23, que fue declarado nulo, provocó ‘solo’ 38 sanciones por 25.036 euros (660 euros es la cuantía de la multa media)».
Junto con las sanciones, la PLI también señala «otro problema grave» de la Ley: «el principio de veracidad de los agentes y que ha tenido consecuencias muy graves». En concreto, pone como ejemplo el caso del reciente juicio contra el fotógrafo de El País, Albert García, cuya detención y posterior acusación fueron denunciadas por la PLI y otras organizaciones de periodistas.
La PLI señala que sus quejas por las sanciones en aplicación de esta Ley han sido recogidas en los informes anuales del Defensor del Pueblo y destaca que ha logrado que algunas de estas multas a periodistas sean revocadas o suspendidas.
Por todo ello, se dirige a los grupos parlamentarios para subrayar que «los límites al ejercicio de derechos fundamentales, como es la libertad de información, deben de ser establecidos, interpretados y aplicados de forma restrictiva».
Estas carencias también las elevó la PLI ante Naciones Unidas en un informe impulsado por la Plataforma y presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el marco del tercer Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU a España. Las conclusiones de este examen, según precisa, incluían una veintena de advertencias sobre libertad de expresión.
