sábado, 4 diciembre 2021 08:44

Fiscalía acusa a Bernardo Montoya de detención ilegal, agresión sexual y asesinato a Laura Luelmo

La Audiencia Provincial de Huelva acoge a partir de este próximo lunes el juicio con jurado popular contra Bernardo Montoya, el varón acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018 a Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años, en la localidad de El Campillo (Huelva). En el procedimiento, el Ministerio Fiscal pide prisión permanente revisable por uno de los delitos y 32 años de cárcel por el resto para el acusado.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, considera que los hechos acontecidos son constitutivos de un delito de detención ilegal, un delito de agresión sexual y otro de asesinato, toda vez que argumenta que se dan las agravantes de género en el caso del delito de agresión sexual y la de reincidencia, en el de asesinato.

Por su parte, el Ministerio Público señala que procede imponer a Montoya la pena de 20 años por el delito de detención ilegal, doce por agresión sexual y prisión permanente revisable por el asesinato, así como argumenta que procede imponer la medida de libertad vigilada por un período de diez años y la prohibición de aproximación y comunicación con los padres y hermanos de la víctima y de acudir y de residir en la provincia de Zamora, así como pide que se le imponga la obligación de participar en programas de educación sexual.

Además, la Fiscalía remarca que se declare prisión permanente revisable y se acuerde expresamente que no sea clasificado en tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de un mínimo de 22 años de prisión.

Respecto a la responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado indemnice a los padres de la fallecida en la cantidad de 300.000 euros, y a los dos hermanos de la misma, en la cantidad de 50.000 euros a cada uno de ellos.

En cuanto a sus conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal argumenta que Montoya, –con un amplio historial delictivo al contar antecedentes penales al haber sido condenado por un delito de allanamiento de morada, un delito de obstrucción a la justicia y un delito de asesinato, entre otros–, entre las 17,25 horas y las 17,30 horas del día 12 de diciembre de 2018 «abordó a la joven, quien regresaba a su domicilio tras hacer la compra en un supermercado cercano».

Montoya, que era vecino de enfrente de la joven zamorana, «sorprendió a la víctima» la introdujo a la fuerza en su domicilio, donde la golpeó y después de dejarla «malherida y muy debilitada», la agredió sexualmente, siempre «imposibilitándole cualquier tipo de defensa».

Después, «para evitar que se conociera tanto la comisión del delito que acababa de cometer como que él era el autor, con ánimo de acabar con la vida de Laura, pero no sin antes someterla a padecimientos innecesarios y un sufrimiento más intenso que el necesario para causarle la muerte, le propinó más golpes», y finalmente, le asestó «un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente», culminando los hechos con el fallecimiento de la chica.

Posteriormente, sobre las 18,42 horas, la introdujo en el maletero de su vehículo para, entre las 19,16 horas y las 19,25 horas, llegar y arrojar el cuerpo en una zona de difícil acceso y entre matorrales conocida como Las Mimbreras, sita en la carretera nacional N-435 en el punto kilométrico 166.

El cuerpo sin vida de la joven profesora fue hallado el día 17 de diciembre de 2018, siendo detenido Montoya un día después y pasando a disposición judicial el día 21 de diciembre de 2018, acordándose la prisión provisional comunicada y sin fianza para el mismo.

JUICIO ORAL

De otro lado, de cara a la vista oral, el Ministerio Fiscal propone el interrogatorio de Montoya, declaraciones de testigos, de agentes de la Guardia Civil, del director y funcionarios del Centro Penitenciario Sevilla II de Morón de La Frontera –donde ha estado Montoya–.

Igualmente, solicita pruebas periciales como declaraciones de agentes del Instituto Armado, forenses, especialistas del Departamento de Escena del Crimen, del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil o especialistas del Grupo de Apoyo Tecnológico Operativo del Instituto Armado, entre otros expertos. Además, solicitará diversas pruebas documentales.