El productor televisivo José Luis Moreno ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que fije una fecha para su declaración «a pesar de sostener la nulidad de las actuaciones» que desembocaron en su detención y la de más de 50 personas en el marco de la operación ‘Titella’.
En un escrito fechado este jueves, la defensa del ventrílocuo se pregunta si «será posible» que éste declare de forma voluntaria ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 cinco meses después de su arresto.
Con todo, en el documento su representación insiste en que todas las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha revelan el «error tremendo» que supuso la imputación de Moreno, haciendo énfasis en que el resultado de las mismas es «marcadamente exculpatorio».
Así, su defensa señala que merece especial atención el hecho de que, «habiendo prestado declaración en las últimas tres semanas casi veinte investigados, todos sin excepción han declarado no conocer» a José Luis Moreno.
SIN UN «INDICIO RACIONAL DE CRIMINALIDAD»
En esta línea, lamenta que durante los últimos meses «las acusaciones han sido incapaces de aportar un solo indicio racional de criminalidad que supere la condición de mera conjetura o convencimiento anímico». A su juicio «es lógico» puesto que es «imposible acreditar lo inexistente».
Asimismo, el abogado de Moreno recuerda que han interesado por el momento sin éxito que el juez realice una serie de diligencias, entre las que se incluyen la testifical del empresario argentino Alejandro Roemmers, presuntamente estafado por el ventrílocuo en la realización de la serie ‘Glow & Darkness’, que versa sobre la vida de Francisco de Asís.
Además, la defensa del ventrilocuo solicitó una pericial a fin de ratificar los informes emitidos por el director de producción argentino Javier Pablo Leoz y otro firmado por Procivitas Producciones. Adicionalmente, solicitó una copia íntegra de la serie rodada.
El magistrado Ismael Moreno aceptó el pasado mes de octubre llamar a declarar a Roemmers, aunque no fijó una fecha. También admitió como diligencia documental los informes periciales, aunque descartó que sus autores declarasen para ratificarlo.
Roemmers figura como perjudicado en la causa después de que invirtiera más de 30 millones de euros para la producción de la serie sobre Francisco de Asís que no habría llegado a término. En un comunicado emitido el pasado mes de agosto, su defensa explicaba que Roemmers se personó para conocer la realidad de ‘Glow & Darkness’, «su calidad, su coste, y qué falta» por realizar.
Por otro lado, el juez descartó formar una pieza separada para mantener la confidencialidad del material videográfico de las grabaciones. De esta forma, Moreno pretendía mantener en secreto los episodios que ya estarían supuestamente rodados y listos para su emisión.
EN LIBERTAD CONDICIONAL
Moreno es uno de los principales imputados en la ‘Operación Titella’, cuya investigación eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario. La Policía Nacional sospecha que el ventrílocuo mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.
El productor, acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. El pasado 8 de julio depositó un aval hipotecario para cubrir la fianza de 3 millones de euros que le exigió el juez.
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
MORENO, LA TARJETA DE VISITA
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
