Unas 100 personas, según los organizadores, se han concentrado este sábado frente a la Delegación del Gobierno de Baleares, en Palma, para defender la «viabilidad» de las pensiones públicas y pedir la dimisión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por querer impulsar una reforma que «tendrá como resultado la privatización de las pensiones y el empobrecimiento de la ciudadanía».
Según ha informado el portavoz de la Coordinadora balear por la defensa de las pensiones públicas Pep Juárez en declaraciones, «la concentración llevada a cabo este sábado en Palma se ha enmarcado en una convocatoria organizada a nivel estatal para defender las pensiones públicas y solicitar al Gobierno que pare los recortes que pretende aplicar a las mismas».
«Las pensiones públicas son perfectamente viables», ha asegurado Juárez, quien se ha mostrado en desacuerdo con el Pacto de Toledo y con el Plan del Gobierno de reformar las pensiones puesto que, ha advertido, la futura reforma «se realizará de acuerdo con un relato ficticio, al dictado de la banca y el poder financiero», lo que supondrá «privatizaciones y recortes de las pensiones».
Además, ha avisado, «la futura reforma tampoco garantizará la capacidad adquisitiva de las pensiones a partir del año 2022, al establecer un sistema de cálculo del IPC que no permite revisar los recortes hasta pasados los cinco años».
Ante este escenario, Juárez ha reivindicado, por ejemplo, que las pensiones mínimas tienen que elevarse hasta equipararse al Salario Mínimo Interprofesional y se tiene que situar en el 60% del salario medio; que debe de eliminarse el ‘factor de sostenibilidad’ y la jubilación ha de volver a los 65 años.
Además, entre otras reclamaciones, ha pedido estabilizar medidas para acabar con la brecha de género en salarios y pensiones y que, en caso de ser necesario, el pago de las pensiones públicas se garantice a través de los PGE.
Finalmente, el portavoz de la Coordinadora balear por la defensa de las pensiones públicas ha dicho que «parar la reforma de Escrivá no es solo un problema de los pensionistas, sino de toda la sociedad en su conjunto». Así, ha sentenciado, «es necesario movilizarse para conseguir que gobierne quien gobierne las pensiones se defiendan».
