El PP aspira a que el Congreso censure el martes al Gobierno por «obstruir el ejercicio de los derechos» de los parlamentarios de la oposición y que le conmine a «revertir» lo que considera «modos autoritarios» y a cesar en sus «continuas injerencias» en el Poder Legislativo.
Así consta en la proposición no de ley, que los ‘populares’ someterán a debate y votación el martes en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja.
En este línea, los de Pablo Casado persiguen que la Cámara inste al Ejecutivo a «respetar la separación de poderes» y la «independencia» del Congreso y a «cumplir sus obligaciones constitucionales de someter su gestión al control de las Cortes Generales».
Todo ello, remarcan con un «estricto respeto» a los «derechos de los diputados» que son, subrayan, «la máxima expresión del ejercicio de la soberanía nacional en un Estado social y democrático de Derecho como es España».
SON DERECHOS FUNDAMENTALES
El primer partido de la oposición cita en su iniciativa varias sentencias del Tribunal Constitucional para poner de manifiesto que «las funciones de los parlamentarios son derechos fundamentales» y que, entre ellos están el derecho a la información, a la tramitación de sus propuestas, a la iniciativa parlamentaria y a presentar enmiendas.
Así, argumentan que cuando se obstaculizan estos derechos «deviene imposible el ejercicio del derecho del representante e indirectamente el ejercicio del derecho de participación política de los ciudadanos que le eligieron» y que consagra la Constitución.
Según los ‘populares’, «desde el momento en que se constituyó esta XIV Legislatura, el Gobierno ha obstruido y vulnerado los derechos de los diputados de la oposición de forma constante», una acusación que sostiene poniendo varios ejemplos.
RETRASAN DEBATES
Así, se quejan de que los miembros del Gobierno acumulan muchas comparecencias pendientes, de que el Ejecutivo veta la tramitación de proposiciones de ley de su grupo y, cuando no lo hace, siempre agota el plazo de 30 días para pronunciarse sobre las mismas retrasando su primer debate en el Pleno.
También denuncian que el Ejecutivo «veta sistemáticamente» enmiendas del PP «sin la suficiente y exigible motivación» –pone como ejemplo el veto a casi un centenar en enmiendas a los Presupuestos para 2021–, mientras sí da trámite a otras «manifiestamente inconstitucionales» y cuestionadas incluso por los servicios jurídicos de la Cámara, pero que llevan la firma de sus socios «independentistas».
Además, según el PP, el Gobierno abusa de los decretos-leyes y en la Cámara se admiten a trámite iniciativas legislativas del Ejecutivo sin los preceptivos informes de otros órganos constitucionales y se recurre con demasiada frecuencia a la tramitación por el procedimiento de urgencia.
PETICIONES DE INFORMACIÓN PENDIENTES
Los ‘populares’ protestan también por las respuestas escritas que reciben del Gobierno que, subrayan, bien no contesta lo que se le pregunta, da la misma respuesta a cuestiones muy diferentes cuando no directamente remite contestaciones «absurdas» o les derivan a consultar datos en páginas web.
«Por ejemplo, solamente en un mes 207 preguntas formuladas por diputados del Grupo Popular fueron contestadas con el mismo párrafo que remitía a la comparecencia del ministro en el Congreso», aducen en su iniciativa, en la que también recalcan que el Gobierno tiene pendiente atender más de 400 peticiones de informes del PP y que en ocasiones tarda más de un año en hacerlo.
