La presidenta de la Asociación de Afectados por la venta de la EMVS, Arantxa Mejías, ha plasmado hoy la parte humana en el juicio por la enajenación de viviendas protegidas a un fondo de inversión en 2013 relatando al tribunal el calvario que sufren los afectados desde hace ocho años al haber vendido e «hipotecado» sus vidas por una decisión política.
El juicio se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra el exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid Fermín Oslé Uranga y el apoderado de Fidere Alfonso Benavides, por delitos de fraude, malversación, prevaricación.
Se juzga a los responsables de la supuesta venta irregular de 1.860 viviendas públicas al fondo de inversión Blackstone, filial de Fidere. Las acusaciones particulares, ejercidas por las víctimas y el PSOE, sostienen que la venta estaba pactada antes de que se pusiera en marcha el concurso público.
Arantxa Mejías ha hablado en nombre de las 1.860 familias víctimas de la presunta operación fraudulenta. «Llevamos muchos años viviendo con incertidumbre, sin saber dónde vamos a dormir el mes siguiente. Estos señores han especulado con nuestras casas y nuestros salarios. Detrás de esta decisión política, hay historias reales. Se habla de patrimonio, de dinero, de escrituras pero detrás de esas casas hay vidas», ha reprochado.
Así, ha narrado que se truncaron las vidas de estas familias y detrás hay un calvario con «desahucios, suicidios y personas bajo tratamiento psicológico». Según su relato, la EMVS no les informó en ningún momento del inicio del proceso de venta.
«Me enteré porque vi carteles de alquiler en mi urbanización como si fuera publicidad de Coca-Cola. Empecé a poner pósit en las puertas para informar a los vecinos de lo que estaba pasando», ha narrado. Tenía entonces 24 años. Sus padres eran los adjudicatarios de la vivienda en la que sigue residiendo.
El cambio de casero supuso un incremento de un 45% sobre el alquiler. Nosotros firmamos un acta en contra de que nuestro casero fuera un fondo de inversión. Las condiciones no eran las mismas porque no tenían ese fin social destinado a personas que lo necesitábamos», ha dicho. Se vieron obligados a formar para no perder sus casas.
Las consecuencias fueron más de 100 personas desahuciadas, muertes y enfermedades psicológicas. «Una vecina se ahorcó al recibir un burofax en el cuarto de su casa», ha recordado con voz temblorosa.
«¿Qué ha supuesto tener a un fondo de inversión como casero?, ha preguntado la abogado que representa al PSOE, a lo que Mejías ha afirmado con rotundidad que ha supuesto «vivir con incertidumbre, desahucios y enfermedades psicológicas».
«Nos ha condicionado vida y ha afectado a los ciudadanos de Madrid porque es patrimonio de la ciudad y dinero público de todos», ha aseverado, criticando que las únicas palabras de la exalcaldesa Ana Botella en el Pleno fuero que solo habían cambiado de casero.
El tono se ha elevado en el turno de preguntas del abogado de Fidere al preguntarle sobre las condiciones del contrato de alquiler con opción a venta. «¿Se negaron ustedes a firmar el nuevo contrato?», a lo que ha replicado que «en absoluto». «Mis padres firmaron un contrato como el resto de vecinos», ha recalcado.
En un momento del interrogatorio ha intervenido el presidente de la Sala para cortar las preguntas del letrado de Fidere al echar en cara a la testigo que hablara con los periodistas y buscara la exposición mediática.
La afectada no ha contestado en sala. Sí lo ha hecho en los pasillos, donde ha comentado que lo hace para dar visibilidad a las víctimas de «un atropello institucional». «Sería más divertido haberme metido en Gran Hermano», ha dicho con tono irónico.
SÁNCHEZ MATO RESPALDA ACUSACIÓN
En la sesión de ayer, compareció Carlos Sánchez Mato, concejal de Hacienda en la Alcaldía de Manuela Carmena. El exdil respaldó la tesis de las acusaciones y criticó que la EMVS acudiera a Price Waterhouse para realizar la tasación de la operación cuando había de sobra arquitectos cualificados en el Ayuntamiento capitalino.
También mantuvo que la tasa de descuento acordada sobre el precio, de un 2%, era exagerada y que se vendieron los pisos «a precio de derribo» en alusión a que se puso un precio muy inferior al precio de mercado en aquel momento.
En su declaración, el ex CEO de la EMVS manifestó que la operación respondía a la necesidad que había de salvar a la empresa pública de «la crítica» situación financiera que atravesaba debido a la crisis del mercado inmobiliario.
Mañana está citada la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, quien fue absuelta por parte del Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas. El abogado de las víctimas, Mariano Benítez de Lugo, sostiene que varios testigos han señalado en instrucción que el Gabinete de Alcaldía dio instrucciones a la EMVS para ejecutar la venta.
«No es una operación casual sino que estaba preorquestada para favorecer a un fondo de inversor. La exalcaldesa se mantiene bajo el velo de la ignorancia para mantener que no sabía que era así», ha reseñado el letrado.
En el juicio, el fiscal no imputa ningún delito a los dos acusados y solicita la absolución. En cambio, la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS solicita ocho años de cárcel por fraude, prevaricación, malversación de causales públicos y un delito del artículo 289 del Código Penal, así como ocho años de inhabilitación para ejercer como cargo público. La mercantil Fidere figura como responsable civil subsidiaria.
