Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada por el Tribunal Supremo a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores, ha acogido este martes «muy contenta» el indulto parcial concedido por el Gobierno que reduce su pena a la mitad y que le deja «las manos libres para seguir luchando por sus hijos», al eliminarse la pena de inhabilitación para la patria potestad, según ha señalado su abogado, Carlos Aránguez, minutos después de hablar con su clienta para comunicarle «esta gran noticia».
El letrado ha destacado que «es un día muy feliz» después de que el Consejo de Ministros haya acordado la concesión de un indulto parcial que supone rebajar a la mitad la pena impuesta a Rivas, que ahora se queda en un año y tres meses de prisión, al tiempo que se elimina la pena de inhabilitación para la patria potestad a la que fue condenada durante seis años.
La pretensión del equipo jurídico que defiende los intereses de Juana Rivas es pedir al Juzgado de lo Penal 1 de Granada la suspensión de la pena, que actualmente cumple en régimen de semilibertad en un Centro de Inserción Social (CIS) de la capital granadina. Aránguez ha destacado que se cumplen todos los requisitos previstos en la ley y lo «razonable» sería que el juez accediese a suspender la ejecución de los diez meses que le restan por cumplir (ya ha cumplido cinco).
Junto a ello, la defensa de Rivas pretende «hacer valer» el indulto ante la justicia italiana, donde este viernes quedará visto para sentencia el proceso civil que se sigue en la Corte de Apelación de Cagliari por la custodia de los niños, después de que en 2019 se le concediera en exclusiva al padre, el italiano Francesco Arcuri, y ella apelara. «El indulto parcial supone un enorme refuerzo para nuestras pretensiones», según ha reconocido el letrado de Juana Rivas, quien asegura que seguirán trabajando hasta que ella «consiga la custodia de sus hijos» y hoy se ha dado «un gran paso» para ello.
Juana Rivas ha defendido durante este tiempo que se fue en 2016 con sus dos hijos de Italia –donde tenían fijada su residencia habitual– sin el consentimiento paterno para huir de unos supuestos malos tratos de los que acusa a su expareja y padre de los menores, que en 2009 fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito doméstico. Ya en España en verano de 2017, Rivas pasó un mes en paradero desconocido con los niños incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, lo que motivó el proceso judicial que supuso su condena por sustracción de menores. Inicialmente, el Juzgado de lo Penal 1 de Granada la condenó a cinco años de prisión, que el Supremo rebajó a dos años y medio y que ahora el Gobierno ha dejado en un año y tres meses.
La defensa de Rivas solicitó al Gobierno el indulto alegando que delinquió por un motivo «comprensible desde el punto de vista humano» como es «proteger a sus hijos de un maltratador» y recalcando que «como víctima de violencia de género recibe la atención adecuada de los servicios municipales de Maracena», mientras que en Italia hay interpuestas «denuncias por violencia familiar».
