El Congreso de los Diputados ha pedido este miércoles aumentar el control parlamentario a las exportaciones de material de defensa de la industria española, así como reforzar los mecanismos de vigilancia en los países de destino.
Las exportaciones del materia de defensa y doble uso deben recibir autorización de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU), liderada por la Secretaría de Estado de Comercio, que elabora un informe anual que después presenta ante el Congreso de los Diputados.
Los grupos parlamentarios han aprobado este miércoles en la Comisión de Defensa el dictamen respecto al último informe disponible, el del año 2020, cuando las ventas de armamento sumaron 3.622,4 millones, un 10,4 por ciento menos que en 2019.
Varias de las propuestas aprobadas piden reforzar la relación entre la JIMDDU y el Parlamento mediante reuniones periódicas o mayor detalle sobre los expedientes autorizados y los denegados en los informes anuales.
Además, ponen el foco en el procedimiento de verificación ‘ex post’ aprobado el pasado año que permite a la JIMDDU controlar el uso de las armas exportadas en los países de destino para asegurar el cumplimiento de la legislación. Los partidos han pedido aumentar la información sobre los casos en los que se aplica este mecanismo de control, así como aquellos en los que no haya sido posible por negativa del país comprador.
La Comisión de Defensa ha rechazado así la petición de Vox que iba en sentido contrario para eliminar este filtro. Su diputado Manuel Maestre ha recordado la delicada situación que atraviesa el tejido industrial español y ha avisado de que este mecanismo puede convertirse en «una traba» para las ventas. «Es necesario un marco fiable y facilitador», ha abogado.
Sin embargo, el diputado del PP Jesús Postigo ha defendido la necesidad de compatibilizar el respeto a los derechos humanos con un fomento y apoyo a la industria de defensa, algo que a su juicio no es incompatible.
También la portavoz del PSOE, Begoña Nasarre, ha sostenido que la industria de defensa es una parte «muy importante» de la economía española y de «una gran sensibilidad política», por lo que requiere de «la máxima transparencia y rigurosidad» en su regulación.
La Comisión ha aprobado también propuestas para retomar la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, pero ha rechazado peticiones de Unidas Podemos y de ERC para hacer públicas las actas de la JIMDDU, así como otras para reforzar los controles de exportación.
