La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado ante la Sala Segunda del órgano judicial un informe por el que solicita la inadmisión de la querella interpuesta por la Asociación Libre de Abogados (ALA) contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de alzamiento de bienes al recibir en 2011 un piso de sus padres en calidad de donación.
En un escrito de 26 de octubre, el fiscal Javier Zaragoza ha pedido que se acuerde la inadmisión y «el archivo de las actuaciones» ante la «manifiesta ausencia de elementos indiciarios que acrediten que los hechos que se le imputan a la aforada puedan ser constitutivos de delito, declarándose igualmente incompetente para la investigación relativa a los restantes querellados».
La Asociación Libre de Abogados acusa a Díaz Ayuso de presuntamente aceptar la donación efectuada por sus padres de la que era su vivienda familiar para evitar que el inmueble pudiera ser objeto de reclamación por su condición de deudores de la entidad Avalmadrid, empresa pública que había concedido en febrero de 2011 un crédito aval por importe de 400.000 euros de Infortécnica SL, del que eran socios sus papás.
La querella, va dirigida contra nueve personas, entre ellas la presidenta regional, su hermano y su madre por un delito de alzamiento de bienes del artículo 257 del Código Penal, un delito que acarrea penas de hasta seis años de prisión y multa de 12 a 24 meses.
ALA sostiene que Díaz Ayuso «actuó de manera activa» para la obtención de información «privilegiada y confidencial» respecto a terceros, adelantándose de esta forma a las transmisiones del resto de socios, que perfeccionan el presunto delito de alzamiento de bienes.
Para el Ministerio Público «resulta obvio» que en el presente caso no concurre indicio fundado alguno que soporte la presunta participación de Díaz Ayuso en el hecho delictivo objeto de la querella.
La Fiscalía ha subrayado que la dirigente «ni tuvo relación o participación alguna en la actividad de la sociedad Infortécnica SL, ni se benefició en modo alguno del crédito-aval concedido por Avalmadrid a esta sociedad, ni puede ser considerada deudora en relación con el impago de ese crédito (lo que excluye la posibilidad de ser considerada autora material del delito».
LO ESTUDIARÍA EL SUPREMO SI LO ENVÍA UN JUEZ ORDINARIO
En este sentido, el fiscal Zaragoza ha explicado que para fijar con carácter indiciario la presunta participación intencional de la ahora presidenta madrileña en el hecho delictivo que se relata –aunque sea a título de cooperadora necesaria– «sería necesario, en primer término, que por los órganos naturales de la jurisdicción ordinaria se depurara y se investigara la realidad del hecho punible y las responsabilidades de los autores del mismo».
Así, ha señalado que, «únicamente» en el caso de que en el curso de esa previa investigación judicial se aportaran a la causa penal «elementos indiciarios inequívocamente incriminatorios» de la «intervención dolosa e intencional» de Díaz Ayuso en el delito de frustración de la ejecución mencionado, «podría plantearse -vía exposición razonada del juez de instrucción ordinario- la exigencia de responsabilidades ante el órgano judicial competente por razón del aforamiento».
«En síntesis, la querella debe ser rechazada respecto a la Presidenta de la Comunidad de Madrid al no concurrir indicios de que haya participado presuntamente en la comisión de hecho delictivo alguno, careciendo de competencia este tribunal respecto a los restantes querellados», ha señalado el representante de la Fiscalía.
INVESTIGACIONES ANTERIORES
La presidenta madrileña siempre ha negado que mediara para beneficiar a su entorno. Ya en el pasado, Más Madrid interpuso una denuncia ante las sospechas de irregularidades en la concesión del crédito.
Según la denuncia del partido, el crédito se concedió con una garantía hipotecaria sobre una finca situada en Sotillos de la Adrada (Ávila) y con el aval solidario de los socios de la propia empresa.
En noviembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción acordó el archivo de la denuncia que interpuso Más Madrid. No apreció indicios de delito para investigar las sospechas por un posible alzamiento de bienes, administración desleal o por tráfico de influencias.
El caso sobre las presuntas irregularidades en las operaciones de préstamo realizadas por Avalmadrid llegó también a la Asamblea de Madrid en una comisión de investigación registrada por el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. La comisión concluyó que hubo «irregularidades» en el préstamo que la entidad concedió en 2011 a MC Infortécnica.
