Las enmiendas acordadas por PSOE y Unidas Podemos al proyecto de Ley de Memoria Democrática facultan a utilizar el banco de muestras de ADN de víctimas del franquismo para determinar casos de ‘bebés robados’.
Además, contempla el desarrollo de una auditoría con vistas a determinar bienes incautados por el franquismo a personas que sufrieron represión durante el régimen, que además servirá para definir un inventario de bienes y la opción de imponer sanciones económicas por este motivo.
Los dos socios de coalición han pactado una treintena de enmiendas y que, como elemento destacado, contemplan que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se cometieron durante el franquismo no gocen del amparo de la normativa de amnistía promulgada en 1997.
También proponen suprimir los títulos nobiliarios concedidos a 33 personalidades del régimen franquista, como los ducados de Primo de Rivera, de Franco, Mola, Calvo Sotelo, así como marqueses de Queipo de Llano, Arias Navarro, Alboran, Somosierra o Casa Cervera, entre el listado establecido.
Por otro lado, habilita a otorgar la nacionalidad española a los descendientes de los brigadistas internacionales que combatieron en la guerra civil.
No obstante, no se ha introducido ningún punto a la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, momento en el que el Sáhara Occidental dejó de estar bajo soberanía de España, así como a sus descendientes en primer grado de consanguinidad, como planteaba Unidas Podemos.
Fuentes conocedoras de la negociación han explicado que no ha sido posible un acuerdo para introducir este punto vía enmienda y se emplazan a poder abordarlo en alguna modificación del código civil.
BANCO DE ADN
Entre las enmiendas conjuntas a la normativa de ambos grupos se estipula un banco estatal de ADN de víctimas de la guerra civil y la dictadura, que almacenará los perfiles también de las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos.
Para ello, la aportación de muestras biológicas será «voluntaria y gratuita», además de poder contar de cara a su funcionamiento con representantes de asociaciones de víctimas. Además, conservará las muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones
En el caso de ‘bebés robados’ con denuncia admitida por los tribunales, solicitarán la toma de muestras para secuenciar el AND y compararlas con los datos almancenados. Una medida pensada para los progenitores biológicos que buscan a sus hijos y viceversa.
AUDITORÍA DE BIENES INCAUTADOS AL FRANQUISMO
En el capítulo de reparación integral a las víctimas del franquismo, se recoge la obligación del Estado a desarrollar una serie de medidas de restitución, rehabilitación y restablecimiento de derechos, tanto en el plano individual como colectivo.
Posteriormente, se clarifica el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones «políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante» la guerra y la dictadura.
De esta forma, se faculta al Estado a promover la investigación de las incautaciones producidas por estos motivos y a desplegar una «auditoría» de los bienes expoliados, como «obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas», así como la posible imposición de sanciones económicas.
ESTUDIO SOBRE MEDIDAS DE REPARACIÓN ECONÓMICA
En dicha auditoría se incluirá también un inventario de bienes y derechos incautados y se concreta que deberá llevarse a cabo al año de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Una vez concluida, se lanzarán vías de reconocimiento de los afectados.
También plantean una comisión técnica que, pasado un año tras la entrada en vigor de la ley, presentará un estudio que describa el conjunto de medidas de reparación económica a desplegar para las víctimas del franquismo, con recomendaciones con el grado de cobertura que deben alcanzar.
Por otro lado, el proyecto normativo fija como elementos contrarios a la norma las «edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos» adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación de la sublevación militar o el franquismo, tanto colectiva como a los dirigentes del régimen.
Además, se prohíbe dar visibilidad a retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar. A tal efecto, no podrán mostrarse en «lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público». Para mayor definición, se contempla en las enmiendas la elaboración de un catálogo de estos elementos, con actualizaciones anuales.
EL ESTADO PODRÁ ADQUIRIR DOCUMENTOS DEL RÉGIMEN EN MANOS PRIVADAS
Las modificaciones pactadas por PSOE y Unidas Podemos marcan el despliegue de convenios e instrumentos jurídicos para adquirir documentos del «golpe de Estado, la Guerra o a la represión política» que obren en archivos públicos o privados, nacionales o extranjeros, ya sean originales o copias para su archivo, con vistas a las labores de historiografía. Estos materiales se incorporarán al Archivo General de la Guerra Civil Española del Centro Documental de la Memoria Histórica o a otro centro que se determine de forma motivada.
Además, los dos socios introducen una enmienda de adicción para que los archivos del gobierno del régimen franquista, en particular los referidos a Francisco Franco, en poder de entidades privadas o personas físicas se incorporarán también al Centro Documental de la Memoria Histórica.
