El sindicato CSIF ha mostrado su preocupación por la futura Ley de Convivencia Universitaria, aprobada este miércoles en el Congreso con las enmiendas del PSOE, Unidas Podemos y ERC, que ahora continuará en el Senado su trámite parlamentario.
«Los cambios introducidos por los grupos durante la tramitación parlamentaria de esta norma son inaceptables», advierte el sindicato, ya que considera que «dinamitarán la posibilidad de un marco común para el sistema universitario en España».
Entre los cambios introducidos en la Cámara Baja, se ha suprimido el carácter básico y estatal de la ley con el objetivo de garantizar la autonomía universitaria, una modificación que ha suscitado el rechazo de la comunidad universitaria. Asimismo, se blindan el derecho a las movilizaciones, al tenerse en cuenta la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga, modificación que ha provocado las críticas entre los grupos de la oposición, que ven en esto una justificación para que grupos independentistas boicoteen actos de formaciones conservadoras o constiticuonalistas en Cataluña.
Estos cambios, según CSIF, «vacían de contenido» lo acordado entre los rectores (Crue), las organizaciones representativas de los estudiantes (CREUP) y el Ministerio de Universidades. De ahí que el sindicato apoye las movilizaciones convocadas por colectivos estudiantiles para este jueves. «Están justificadas», señala.
En concreto, CSIF critica que las enmiendas se escuden en la autonomía universitaria para impedir un marco común para todas las universidades españolas y que eliminen la mediación y las medidas sustitutivas de las sanciones, quedando la convivencia universitaria bajo un claro procedimiento sancionador.
«Este despropósito no contenta a nadie y supone un nuevo engaño a los diferentes colectivos universitarios. Rechazamos, además, que los mismos partidos que sustentan al Gobierno modifiquen y empeoren un texto pactado entre estudiantes, rectores y Ministerio de Universidades, lo que supone un nuevo varapalo a la política del ministro Manuel Castells», exponen desde CSIF.
