El Parlamento Vasco ha instado al Gobierno central a estudiar «las modificaciones legislativas oportunas» para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido adquiridos «indebidamente» por la Iglesia católica a través de la controvertida fórmula de las inmatriculaciones.
El pleno de la Cámara autonómica ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que habían registrado sendas iniciativas en torno a las inmatriculaciones «indebidas» realizadas por la Iglesia.
Ambas propuestas han sido rechazadas, y en su lugar se ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE en la que se recoge el referido emplazamiento al Gobierno central para estudiar posibles cambios legales que faciliten la recuperación de bienes indebidamente registrados a nombre de la Iglesia.
Las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia se contemplaban en una controvertida figura legal que fue derogada hace seis años por el Congreso de los Diputados. Este mecanismo, que funcionó entre 1978 y 2015, permitió a la Iglesia registrar a su nombre numerosas propiedades por un coste simbólico y sin que apenas se le exigieran requisitos para demostrar la pertenencia de dichos bienes.
La enmienda de EH Bildu instaba al Gobierno Vasco a elaborar, en el plazo de seis meses, un inventario de los bienes inmatriculados y a que, posteriormente, lo publicara en el Boletín Oficial del País Vasco.
COMISIÓN DE ESTUDIO
Además, planteaba pedir al Gobierno que constituya una comisión especial «con el fin de estudiar este tema y defender y recuperar la propiedad de los bienes inmatriculados». Según proponía la coalición, en esta comisión especial se debería «garantizar la participación y colaboración de representantes de las diputaciones forales, representantes de Eudel, juristas e historiadores».
Por su parte, la enmienda de E-Podemos-IU instaba al Gobierno de España a elaborar un proyecto de ley por el que se articule «una solución global mediante la que se cancelen de oficio todos los asientos practicados con certificación eclesiástica por ser nulos de pleno derecho».
Además, en el texto se solicitaba «retrotraer la titularidad de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica a su anterior situación registral, como medida que permita sustanciar la recuperación para el dominio público de aquellos que procedan, o a quienes otros correspondan con título fehaciente».
El PNV y el PSE han sacado adelante su propia enmienda con la abstención de EH Bildu y de E-Podemos-IU, mientras que PP+Cs y Vox han votado en contra.
INFORME
A través de la iniciativa impulsada por ‘jeltzales’ y socialistas, el Parlamento insta al Gobierno Vasco a que solicite al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, «a la mayor brevedad posible», el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica en Euskadi, así como la información que disponga al respecto, «con el fin de que pueda ser puesta en manos» de la Cámara vasca, las diputaciones forales y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel.
Además, el Parlamento Vasco insta al Gobierno de España a «estudiar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la
recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por lo Iglesia Católica».
«ESCÁNDALO MONUMENTAL»
En el transcurso del debate, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha denunciado que la Iglesia ha aprovechado una vía abierta «por un dictador» como Franco para perpetrar «un robo» y «apropiarse indebidamente de un patrimonio que es del pueblo». Por ese motivo, ha alertado de la necesidad de adoptar medidas para revertir las consecuencias de este «escándalo monumental».
Por su parte, la portavoz de E-Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha recordado que en Euskadi se han inmatriculado aproximadamente 530 propiedades a través de este procedimiento, por lo que ha reclamado que «se haga justicia» declarando la «nulidad» de las inscripciones de bienes que solo cuenten con la acreditación de la propia Iglesia.
El parlamentario del PNV Jon Andoni Atutxa ha precisado que «no se puede decir» que todos los bienes inmatriculados por la Iglesia se han registrado de forma irregular. En todo caso, ha avisado de que los procedimientos judiciales para recuperar estos bienes por parte de las personas afectadas por las inmatriculaciones son «largos e inciertos», por lo que ha defendido la fórmula de impulsar una reforma legislativa para abordar el problema.
Desde el PSE-EE, Miren Gallastegi ha asegurado que la parte principal de lo que se plantea en las propuestas de EH Bildu y E-Podemos «ya está hecha», por lo que ha rechazado «gastar más recursos» en la elaboración de informes y ha apostado por tomar medidas «para poder solucionar» el problema.
Por parte del grupo PP+Cs, Luis Gordillo ha reprochado a Elkarrekin Podemos-IU que plantee este asunto en el marco de su estrategia de «revisión del pasado inmediato y de la transición». Además, ha afirmado que las personas que se sientan perjudicadas por las inmatriculaciones ya disponen de vías jurídicas para reclamar.
