jueves, 9 diciembre 2021 08:29

Marugán se despide como Defensor pidiendo luz de emergencia para Cañada Real

el corte ingles

Francisco Fernández Marugán dejó de ser Defensor del Pueblo en funciones este jueves 18 de noviembre con el nombramiento del nuevo responsable de la institución, Ángel Gabilondo, pero antes ha firmado una resolución de 10 páginas y fechada el 17 de noviembre, manifestando su «grave preocupación» por la situación en Cañada Real Galiana, en Madrid, y reclamando una solución de emergencia ante la inminencia del invierno.

«El Defensor del Pueblo observa con grave preocupación cómo, después de tantos meses, el problema de la falta de suministro en la zona no se ha resuelto y los compromisos de naturaleza política para resolver esta situación no se han cumplido. Todo ello constituye una clara vulneración de los derechos fundamentales de las personas afectadas, al ponerse en peligro su salud e incluso su vida».

Ante esta situación, pide a la Delegación del Gobierno en Madrid y a la Comunidad de Madrid, en coordinación con las autoridades competentes del Estado para la seguridad y la protección civil, una solución que resuelva la falta de suministro eléctrico especialmente en el sector 6 de la Cañada Real Galiana, sin luz desde hace un año, por ejemplo, mediante la instalación de grupos electrógenos para el abastecimiento a la población, o cualquier otro sistema apto para tal fin.

Para ello, insta al Comisionado del Gobierno para la Cañada Real ejerza la coordinación y el impulso de las medidas necesarias para salvaguardar la situación de contingencia ante la llegada del frío, con especial atención a las personas electrodependientes, menores y otros colectivos especialmente vulnerables.

Además, pide que se impulsen las acciones que resulten precisas para que puedan celebrarse contratos de suministro individuales para las personas que residen en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana. Ambas recomendaciones las remite al Comisionado de Gobierno para Cañada Real con el fin de que las impulse en el ejercicio de sus competencias de coordinación.

ACTUACIONES DESDE 2020

La Oficina del Defensor del Pueblo inició en octubre de 2020 actuaciones orientadas a impulsar medidas que den respuesta al problema de los cortes de suministro eléctrico que afecta a los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana y emitió en diciembre dos resoluciones dirigidasa la Delegación del Gobierno en Madrid y a la Comunidad de Madrid en las que ya se solicitaban soluciones de emergencia inmediatas en ambos sectores, regularizar el suministro eléctrico, elaborar un diagnóstico de los obstáculos que impiden esta regularización, establecer un plan de actuación entre la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid y evaluar periódicamente los resultados obtenidos.

Fernández Marugán subraya en su nueva resolución que las recomendaciones más acuciantes son las medidas de emergencia y la regularización del suministro ante «la grave situación que viven los afectados» y lamenta que no se hayan llevado a cabo. «Son muchas las personas que a día de hoy siguen sin suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana: unas 2.953 personas, que viven el sector 6. En cuanto al sector 5, si bien dispone de suministro eléctrico, no puede afirmarse que este suministro reúna unas mínimas garantías», critica.

A este respecto, recuerda que la energía eléctrica es «esencial» para garantizar derechos constitucionales a la salud, a la educación y a una vivienda digna. Además, tras su última visita, advierte de la «gravedad» de esta situación personas afectadas por enfermedades pulmonares, personas mayores que no ven su medicación por las noches, menores de edad en edad escolar que no pueden realizar sus tareas cuando se pone el sol y no pueden asearse adecuadamente para acudir a la escuela, personas electrodependientes o bebés.

«La situación de los menores es particularmente grave y preocupante. El alto número de menores que vive en el sector 6, (unos 1.211, según los datos que dispone esta institución) afectados por los prolongados cortes de suministros, algunos de muy corta edad, amplifica la gravedad de este problema que resulta forzoso considerar como de carácter humanitario. Es, en definitiva, un problema que requiere de una actuación inmediata, orientada a garantizar el derecho a un suministro eléctrico accesible», enfatiza en su escrito.

El Defensor insiste en que se debe garantizar la accesibilidad de suministro y asegura que las personas afectadas por esta «prolongada privación de suministro» querrían tener un contrato, pero estaopción no se les facilita por razones que él no comparte.

Además, advierte que la «grave afectación» a los derechos humanos derivada de esta privación ha sido puesta también de manifiesto por distintos relatores de la ONU que han recordado a España sus obligaciones como firmante de diversos tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, entre otros.

«La situación hasta aquí descrita persiste, y un año después, casi 3.000 personas vuelven a afrontar sin suministro eléctrico un nuevo período invernal, que se prevé especialmente duro, según las previsionesclimatológicas», lamenta Fernández Marugán.

RESPUESTA DEL COMISIONADO

En su escrito, recoge también la respuesta del Comisionado, competente desde 2015 en coordinar las actuaciones: más de 450 reuniones con todos los agentes implicados y funciones de coordinación para los realojos. Según el ya ex Defensor, el Comisionado alega que los cortes de luz proviene de las «numerosas irregularidades»: edificaciones en el entorno de la línea invaden la zona de servidumbrede línea; multitud de conexiones ilegales; multitud de tendidos de otras tensiones totalmente antirreglamentarios, o la variación continua de los asentamientos.

Además, Fernández Marugán advierte de que negar el suministro supone incumplir el compromiso social alcanzado en el Pacto Regional firmado en 2017 por Gobierno, Comunidad de Madrid, ayuntamientos de Coslada, Madrid, y Rivas Vaciamadrid y por los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid porque los acuerdos alcanzados, que suponen la regularización del sector 5, y los realojos en el sector 6, requieren varios años para ejecutarse.

A su juicio, resulta «patente» la necesidad de que las personas cuenten con unos suministros básicos que resultan imprescindibles para una vida digna. «Este compromiso solo puede satisfacerse poniendo los medios para que las personas residentes en la Cañada Real Galiana puedan contratar un suministro eléctrico legal», añade.

Al mismo tiempo, reclama calidad y seguridad de suministro, lo que implica, tal y como subraya, no verse afectados por actuaciones de terceros, «pues es obligación de las empresas distribuidoras mantener las redes de distribución en condiciones de seguridad y operatividad». «Las personas que viven en la Cañada Real Galiana deben ver atendido su derecho a contratar el suministro eléctrico y a que no se produzcan cortes», señala para reclamar que deben poder beneficiarse del bono social eléctrico cuando cumplan los requisitos.

A la respuesta del Comisionado de que el Pacto no es una norma de obligado cumplimiento, responde que impone una obligación «de hacer» a los poderes públicos que lo han suscrito.

Fernández Marugán también ofrece una posible solución a los obstáculos para contratar suministro eléctrico con normalidad y hace referencia al cambio legal de la Comunidad de Madrid que permite hacer esta contratación con un título habilitante en lugar de una licencia municipal. En su opinión, la flexibilidad de este nuevo concepto de ‘título habilitante’ abre nuevas posibilidades de actuación, que pueden facilitar la consecución de los objetivos del Pacto Regional que corresponde estudiar al Comisionado. Y recuerda que la intervención del Comisionado fue determinante en el pasado para regularizar el suministro de agua en otras zonas de la Cañada.