La plataforma ‘No a la España insegura’, que agrupa a unas 40 entidades entre las que figuran organizaciones sindicales de policías nacionales, locales y guardias civiles, ha convocado para este miércoles una concentración a las 12 horas en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España, para mostrar su oposición a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley Mordaza’.
En el caso de la Delegación del Gobierno en Madrid, en la calle Miguel Ángel, está previsto que este miércoles acudan a la protesta el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, entre otros, y representantes de Vox. Además de acudir el próximo sábado a la manifestación prevista en la capital, donde también estarán la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
Dicha plataforma se constituyó el pasado 17 de noviembre, con la intención de apostar firme y decididamente mediante una unidad de acción real de los colectivos representados que permita garantizar y dar seguridad jurídica a la difícil labor policial que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El sábado 27, Jusapol ha llamado a marchar desde la Puerta del Sol de Madrid en una protesta «sin siglas», y que contará con un servicio de autobuses para facilitar el desplazamiento hasta la capital. Esta marcha, impulsada en su inicio por Jusapol –la plataforma de la que surgió JUCIL y JUPOL, mayoritarios en la Guardia Civil y la Policía Nacional–, está abierta a todas las organizaciones policiales. Los convocantes han cruzado mensajes respaldando todas las protestas contra una reforma que les «desprotege».
Más de 40 organizaciones policiales han respaldado por ahora el calendario de protestas que arranca este miércoles contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que se suma ErNE y otras marcas de la Ertzaintza, aunque por ahora ningún sindicato representativo de los Mossos d’Esquadra.
Miles de policías locales de toda España acudirán a la manifestación del sábado en defensa de la «autoridad y la dignidad» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). En un comunicado, este sindicato denuncia que la reforma de esta ley, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, «menoscaba» la seguridad tanto de policías como del conjunto de la ciudadanía.
Once organizaciones de la Guardia Civil, entre ellas JUCIL, la mayoritaria en el Consejo del Instituto Armado, han firmado un comunicado conjunto en el que avisan de que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’ abre un «oscuro escenario de incertidumbres» en el que sólo ganan quienes quieren «derrocar el orden social establecido» mediante acciones violentas.
«De aprobarse esta reforma nos adentramos en un oscuro escenario de incertidumbres, con claro y peligrosos efectos secundarios para la convivencia y el Estado de Derecho. Con este cambio sólo ganan quienes no están de acuerdo con el orden social establecido y pretenden derrocarlo en las calles mediante accionistas violentas, ahora lo tendrán más fácil», apuntan.
El comunicado lo firman las asociaciones que obtuvieron la mayoría de vocales por la escala de oficiales y suboficiales, UO y ASES-GC, así como la propia JUCIL. Con la ausencia entre los firmantes de AUGC, el texto también es respaldado por AEGC, APC, IGC o UniónGC, entre otras organizaciones.
Las once asociaciones de la Guardia Civil llaman a «todos» los agentes a secundar el calendario de protestas contra la modificación de la ley que aprobó en 2015 con mayoría absoluta el PP, una reforma en la que ven «componendas políticas».
«Hasta ahora hemos conseguido garantizar la seguridad y el Estado de Derecho con los pocos medios y la obsoleta legislación que nos facilita el Gobierno», añaden las organizaciones del Instituto Armado, que consideran que quienes quieren derrocar el orden social «lo tendrán más fácil» si se aprueba la norma con las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos que se han registrado hasta la fecha.
El proceso de enmiendas para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha levantado quejas entre los policías por la nueva regulación en la difusión de imágenes grabadas a los agentes durante en el ejercicio de su actividad profesional y lo que entienden que es supone la «eliminación de la presunción de veracidad», con el «consiguiente daño al ya perjudicado principio de autoridad».
La posibilidad de celebrar manifestaciones no comunicadas también ha sido criticado, ya que entienden que merma su capacidad de preparar dispositivos de seguridad adecuados en prevención de posibles actos violentos, así como la «inoperatividad» que supondrá la reducción del tiempo máximo de identificación a un plazo de dos horas o la exigencia de devolverlo al punto donde fue requerido, lo que entienden que les convertiría en «taxistas».