Los portavoces de PP y Cs en el Parlament balear, Antoni Costa y Patricia Guasp, han considerado este miércoles que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un mínimo de un 25 por ciento de horas lectivas en castellano evidencia que la norma educativa de Baleares actualmente en trámite es contraria a la ley.
En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, Costa (PP) ha sostenido que el proyecto de ley educativa es contrario a la doctrina judicial tal y como está redactado en la actualidad, y ha insistido en que la futura norma no puede ser, ya en su nacimiento, contraria a una sentencia del Tribunal Supremo.
En esta línea, tanto PP como Cs han pedido al resto de grupos que acepten sus enmiendas sobre el modelo lingüístico para así cumplir con la doctrina del Supremo. Costa ha asegurado que con la enmienda del PP «se pondría sobre la mesa un modelo mucho mejor que la inmersión lingüística», y ha incidido en que «las dos lenguas cooficiales se deben respetar y ser vehiculares en el sistema educativo».
Por su parte, Guasp (Cs) ha considerado que el Supremo «ha constatado que la inmersión lingüística en catalán no puede seguir siendo el modelo lingüístico para los catalanes», algo extensivo a los baleares.
La diputada de Cs ha pedido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que rechace el «órdago» que a su juicio le ha lanzado el presidente catalán, Pere Aragonés, para que no acate la sentencia. Sobre esto, Guasp ha expresado su preocupación y ha avanzado que preguntará a Armengol en el pleno si valora modificar el modelo lingüístico propuesto en el proyecto de ley educativa.
ASUNTOS DEL PLENO
Por otro lado, el pleno del próximo martes también incluirá una moción de Vox en materia de educación, en detalle sobre la enseñanza de religión islámica en centros educativos de Baleares.
Igualmente se debatirá una proposición no de ley de Unidas Podemos sobre protección de los consumidores frente a cláusulas abusivas y otra de MÉS pidiendo estudiar una tasa de beneficios excesivos derivados de la crisis del COVID.
En palabras del diputado de MÉS Josep Ferrà, el objetivo es «que los más ricos paguen la crisis y no pase como siempre» con una tasa temporal para empresas que hayan visto incrementados sus beneficios «de forma evidente» e «injusta» de la situación de excepcionalidad de la pandemia.
