La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera «suficientes» las garantías prestadas por Estados Unidos para proceder a la entrega del ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, reclamado por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado ‘Cártel de los Soles’.
En un auto fechado este viernes, los magistrados de la Sección Tercera explican que esas garantías son «suficientes en aras a preservar el derecho fundamental y personalísimo de no sufrir torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes». EEUU explicó que ‘El Pollo’ tiene la posibilidad legal de solicitar una revisión de condena si recibe la cadena perpetua.
No obstante, contra esta resolución cabe recurso de súplica ante la propia Sección Tercera de la Sala de lo Penal. La defensa de Carvajal ha confirmado que tiene previsto ejercer esta acción antes del lunes y que este trámite retrasaría su entrega a Washington.
Estados Unidos envió la semana pasada a través de su Embajada en Madrid unas salvaguardas que reclamó la Sala de lo Penal a petición de la defensa para determinar si la cadena perpetua a la que se enfrentaría en la potencia americana por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas sería «inalterable».
Las autoridades estadounidenses expusieron que, de recibir dicha pena, ‘El Pollo’ podría recurrir en apelación y, en último término, podría «librarse» de la cadena perpetua «por medio de una petición de indulto o sustitución de condena» por una inferior, de modo que no sería «inalterable».
Para la Fiscalía Antidroga, este marco legal resultaba «suficiente» para seguir adelante con la extradición, ya que contempla «una revisión de la cadena perpetua y la aplicación de medidas de clemencia» que abren la puerta a que no quede «recluido de por vida de manera indefectible».
LAS GARANTÍAS RESPONDEN «A LA LITERALIDAD» DE LO ACORDADO
Ahora, los magistrados de la Sección Tercera respaldan estas garantías porque responden «a la literalidad de lo acordado por el Pleno de la Sala de lo Penal por el que en vía jurisdiccional se dispone acceder a la demanda de extradición».
Esto «coincide» además «con la condición que, en relación a la pena de cadena perpetua, prevé el artículo 55.1 de la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión europea». «Así responde a los estándares de los TEDH, TJUE y TC, lo que excluye el planteamiento de la cuestión prejudicial como solicita la defensa», sostienen.
Asimismo, los magistrados dejan claro que «en manera alguna y en esta fase cabe ampliar los límites de la garantía establecida por el Pleno de la Sala, que es la que se ha prestado por las autoridades de los Estados Unidos».
Por su parte, el Tribunal Supremo (TS) señaló en la sentencia por la que desestimó el recurso Carvajal contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2020 por el que se aprobó su entrega a Estados Unidos que no existe «ningún dato objetivo» sobre el riesgo de que pueda ser torturado por el país norteamericano tras su entrega.
ENTREGA FRENADA
Carvajal está en poder de las autoridades españolas desde el 9 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Nacional, durante un operativo conjunto con la DEA, en un piso de Madrid donde, según el cuerpo de seguridad, vivía «totalmente enclaustrado».
Su captura reactivó su extradición a Estados Unidos, que quedó aprobada en 2020 pero no había podido materializarse porque Carvajal se fugó en noviembre de 2019, si bien su defensa recalca que nunca llegó a salir de España.
La Sala de lo Penal ordenó hacer efectiva su extradición a Estados Unidos el pasado 21 de octubre, pero apenas 24 horas después la paralizó a la espera de recibir precisamente las citadas garantías.
En estos meses, ‘El Pollo’ ha iniciado además un «proceso de colaboración» con la Justicia española que se ha traducido en dos comparecencias judiciales y en la entrega de diversa documentación al Juzgado Central de Instrucción Número 6, todo lo cual ha propiciado la reapertura de una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que se archivó en 2016.
El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con Hugo Chávez y Nicolás Maduro está perseguido en Washington por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado ‘Cártel de los Soles’, una organización criminal supuestamente gestionada por cargos ‘chavistas’ que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.
