Unidas Podemos pretende llevar su proposición de ley de regulación de ley del cannabis en el primer semestre del año que viene, dado que la tendencia a su legalización es «imparable», como denota el compromiso adquirido por el nuevo gobierno alemán, y terminar con la «criminalización» del consumo propio.
De esta forma, el espacio confederal quiere que el PSOE acceda a la toma en consideración de esta propuesta y cambie su rechazo a legislar el cannabis, pues ya votó en contra de la propuesta de Más País. Un llamamiento que ya ha transmitido en público durante unas jornadas en el Congreso dedicadas a la regularización.
La diputada e impulsora de la iniciativa legislativa de Unidas Podemos, Lucía Muñoz Dalda, ha indicado que existe una respuesta social «clara» a favor de la regularización que busca revertir el enfoque «prohibicionista», limitar su consumo al ámbito privado y espacios habilitados, además de permitir el autoconsumo de forma restringida.
Al respecto, Muñoz ha emplazado al PSOE, como ya ha hecho el portavoz del grupo parlamentario Pablo Echenique, a convertir esa mayoría social que apoya el uso recreativo del cannabis en parlamentaria.
LOS BENEFICIOS SON «INAPELABLES»
Máxime, ha argumentado, cuando ya dejó a un lado su vertiente «negacionista» y accedió a debatir sobre una posible legislación para el uso medicinal de la sustancia a propuesta del PNV, que tiene una posición «razonable» sobre este fenómeno.
Muñoz Dalda ha recalcado que su formación será respetuosa con los trabajos de esta subcomisión y con los tiempos parlamentarios «para no mezclar debates», dado que el uso sanitario tiene un encaje jurídico «más complicado». No obstante, ha reafirmado que las bondades de permitir el uso recreativo y sanitario son «inapelables».
Eso sí, al tener un cupo limitado de iniciativas, el grupo parlamentario estima que el debate en sede parlamentaria debe volver a retomarse durante el primer semestre del año, al que quieren acompañar con la elaboración de un estudio económico pormenorizado del efecto que tendría esta medida.
De esta forma, ha estimado que ya será beneficioso el ahorro para el Estado de las partidas para perseguir el tráfico de marihuana o hachís, además de aflorar una recaudación de unos 3.000 millones de euros. Asimismo, el espacio confederal estima que saldrán unos 8.000 millones de euros anuales que ahora se despliegan en la economía sumergida y se podrán generar unos 100.000 empleos, que pueden repercutir sobre todo a la ‘España vaciada’, zonas en las que se quieren desplegar incentivos para la producción y consumo.
REGULAR NO ES LIBERALIZAR
La promotora de la proposición de ley ha destacado que regular no significa liberalizar sino que precisamente restringe el consumo para hacerlo «responsable» y potenciar, además, la prevención sobre el uso del cannabis es la población menor de edad.
Una de las principales pretensiones es regular las asociaciones para definir de forma pormenorizada aquellas sin ánimo de lucro y las que tienen un fin empresarial, con un sistema de licencias que evitará la acumulación de permisos y fomentará movimientos «muy innovadores» como las cooperativas de productores.
«NO REGULAR ES TIEMPO PERDIDO»
La proposición de Unidas Podemos está inspirada en la regulación de Uruguay y el impulsor de esta normativa en el país iberoamericano, Augusto Vitale, ha reivindicado la supervisión mediante el sector público, dado que el expresidente Pepe Mujica tenía claro que no habría legalización sin control.
«El modelo de Uruguay buscó aplicar una política basada en la evidencia», ha relatado para defender que, una vez se desplegó la regulación, se ha conseguir apartar a muchas personas de un uso indebido de la sustancia, teniendo claro que su consumo no debía perjudicar a terceros.
De esta forma, ha advertido de que no regular supone «perder un tiempo precioso» y ha contrapuesto que en su país el mercado negro se ha pegado un «batacazo», con una ley que se centra en la convivencia y en la salud pública.
«EL PATERNALISMO DEL ESTADO NO SE SOSTINE»
El portavoz de la plataforma por una regulación responsable del cannabis, Bernardo Soriano, ha reivindicado la legalización «integradora» que redunda en más control del consumo y «todo el ciclo de acceso» mediante un sistema de licencias «honesto», dado que el «paternalismo» del Estado hacia cuatro millones de consumidores «no se sostiene».
A su vez, ha negado que el cannabis tenga una relación causa-efecto con problemas de salud mental, dado que es una evidencia que hay una «multicausalidad» y ya está clasificada la sustancia como de «valor medicional y poca peligrosidad».
En cuanto al impacto económico, Soriano ve difícil extrapolar datos de forma objetiva pero ha comentado que el estado estadounidense de Colorado presenta una recaudación positiva para la administración, que ha aumentado de forma exponencial sin generar más consumo.
Algo que se explica por la transición desde el mercado negro a la legalización. Unos recursos que, de aprobarse esta ley irán a sanidad, educación y en los objetivos de la Agenda 2030 principalmente.
