Ciudadanos defiende este martes en el Pleno del Congreso su ley para ampliar la protección a las víctimas del terrorismo y aumentar el castigo por la organización de homenajes a etarras pero ya asume que el PSOE, Unidas Podemos y sus socios independentistas votarán en contra e impedirán su tramitación.
Así lo indicó este lunes el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Daniel Pérez, en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, dando por hecho que el Gobierno hará «lo que exijan sus socios».
Concretamente, la proposición de ley que intentarán que se tramite en la Cámara incluye una modificación del artículo 578 del Código Penal. Este artículo ya prevé penas de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 18 meses para castigar «el enaltecimiento o la justificación públicos» de delitos de terrorismo o de sus autores, y lo mismo para «la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares».
Lo que pretende Cs es que esa misma sanción se pueda aplicar en el caso de «la preparación, convocatoria, promoción o realización de actos en público de homenaje o exaltación del terrorismo o que entrañen descrédito, menosprecio o humillación» a las víctimas o a sus familias. Es decir, que se pueda castigar no sólo a quienes participan en esos actos, sino a quienes los convocan o promocionan.
Además, la ley fija una serie de infracciones que permitiría sancionar con entre 50.000 y 250.000 euros a las Administraciones Públicas que no actúen ante la convocatoria de actos públicos para homenajear a bandas terroristas o sus miembros, «o que entrañen descrédito, menosprecio, ofensa o humillación a las víctimas del terrorismo o a sus familiares».
AMPLIAR LA CONDICIÓN DE VÍCTIMAS
La iniciativa de la formación naranja busca también ampliar la condición de víctima de terrorismo a los perseguidos y desplazados como consecuencia de la violencia y reconocer a todas ellas el derecho a la memoria, el honor y la dignidad, a conocer la verdad y al esclarecimiento de todos los crímenes y a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal.
También ampara su derecho a información sobre la investigación de los crímenes sin resolver, a la reparación en casos de secuestro y/o asesinato, al resarcimiento de los daños personales y materiales ocasionados por delitos de terrorismo y a obtener las ayudas extraordinarias en determinados casos de orfandad.
En paralelo, Ciudadanos propone establecer una serie de deberes: de preservación de la memoria de las víctimas del terrorismo, de recuerdo y conmemoración de las víctimas mortales en los propios lugares de perpetración de los crímenes y de identificación, catalogación, publicación y difusión de los lugares de la memoria de la persecución y la violencia terroristas.
La proposición de ley también incluyen el deber de homenaje y reconocimiento de las víctimas; de conservación, protección, catalogación e integridad de todos los fondos documentales relacionados con ellas; de concienciación y sensibilización sobre la memoria de las víctimas y los delitos terroristas en el ámbito de la educación; y de prohibir los homenajes a los terroristas y los actos de ofensa a las víctimas.
Ciudadanos pide políticas públicas en esta materia, defiende que «el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas», y fija una serie de infracciones. Entre ellas, no colocar placas conmemorativas y explicativas donde se produjeron atentados, obstaculizar la visita a los lugares de memoria o vandalizarlos.
Para estas infracciones, prevén multas que oscilan entre los 2.000 a los 150.000 euros, las mismas cantidades que podrían reclamarse a las administraciones públicas nombren calles con referencias directas o indirectas a terroristas, grupos terroristas o personas condenadas por cooperación o colaboración con ellos o por homenajes a los terroristas.
DERECHOS DE LOS «PERSEGUIDOS Y DESPLAZADOS»
Aunque la ley se aplicaría a todas las víctimas de acciones de terrorismo perpetradas en España y en el extranjero por cualquier terrorista o grupo terrorista, se señala que las Administraciones Públicas deberán atenderá con singular relevancia a las víctimas de ETA.
En cuanto a los desplazados como consecuencia de la violenciase reconocerá no sólo a los afectados sino también a sus cónyuges, sus ascendientes y descendientes el derecho a una reparación plena y efectiva.
Entre las medidas de restitución contempladas están el regreso voluntario al lugar de residencia y, en el caso de que tuvieran que trasladarse a otra comunidad, el derecho a poder votar en el municipio del que se marcharon sin necesidad de empadronarse.
Asimismo, la iniciativa prevé que los perseguidos y desplazados sean indemnizados y que tengan derecho a atención médica y psicológica y a servicios jurídicos y sociales por los perjuicios y daños personales sufridos.
