La reforma de la ley de cadena alimentaria apura sus últimos plazos de tramitación con la votación este jueves en el Pleno del Congreso de los cambios realizados en el proyecto de ley por parte del Senado.
La iniciativa fue aprobada y enviada por el Congreso al Senado el pasado 29 de septiembre y ahora, dos meses después, vuelve a la Cámara Baja, que como en toda iniciativa legislativa tiene la última palabra sobre los cambios introducidos en la Cámara Alta.
PROHIBICIÓN DE VENTA A PÉRDIDAS EN TODO ESLABÓN
La reforma recoge expresamente la prohibición de vender a pérdidas en todos los eslabones de la cadena, incluida la venta final, con la obligatoriedad de recibir un peso superior al coste efectivo de producción.
La nueva norma así obliga a cada operador a pagar un precio igual o superior al coste de producción e impide la venta final a un precio inferior al precio real de adquisición, extendido a todos los eslabones de la cadena.
NEGOCIACIONES COMERCIALES Y PACTOS PROMOCIONALES
Su entrada en vigor está prevista a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), salvo las obligaciones de registro de contratos, que tendrá que esperar al desarrollo reglamentario del mismo por parte del Gobierno, así como las nuevas obligaciones de formalización de contratos para las cooperativas, para las cuales se da un plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley.
Entre los cambios introducidos en la Cámara Alta y que el Congreso deberá validar está la obligación de especificar en un contrato cómo resolver posibles diferencias de interpretación o ejecución del contrato, la regulación de las negociaciones comerciales anuales y sus plazos, o los pactos promocionales.
Respecto a esta cuestión, se obliga a los operadores a identificar «claramente» el precio en la información publicitaria, los tiques de compra y la cartelería para impedir cualquier equívoco al consumidor, indicando de forma visible la causa que motiva la promoción.
PSOE Y UNIDAS PODEMOS YA PERDIERON VOTACIONES EN COMISIÓN
Asimismo, el Senado acabó con la posibilidad de aplicar medidas cautelares por parte de la autoridad competente en caso de detectar «indicios claros de vulneración de alguno de los preceptos regulados» en la ley. Esta enmienda, propuesta por el PP, fue aprobada por la oposición en la Comisión de Agricultura del Congreso con el voto en contra del PSOE y Unidas Podemos.
Y es que las formaciones del Gobierno de coalición vieron en las últimas votaciones en la Comisión cómo perdían varias votaciones, o incluso dividían su voto ante algunas de las propuestas, que en muchos de los casos se han mantenido en la Cámara Alta.
ÍNDICES DE PRECIOS Y COSTES Y LA GESTIÓN DE MARCAS
Es el caso de la facultad dada al Observatorio de la Cadena Alimentaria para elaborar y actualizar periódicamente índices de precios y de costes de producción, o las obligaciones del operador que comercializa marcas propias y ajenas.
Esta propuesta de Unidas Podemos, que el PSOE rechazó y que fue incluida gracias al respaldo de otras fuerzas de la oposición, precisa que este operador tendrá que evitar tratamientos desleales, prácticas contrarias a la libre competencia o actos de competencia desleal y publicidad ilícita.
DENUNCIAS POR PARTE DE ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS
Con el voto en contra de los grupos del Gobierno, la oposición incluyó otra enmienda del PP para que las asociaciones y organizaciones representativas de operadores sean titulares legítimos colectivos para poder denunciar a proveedores reacios a denunciar a sus clientes, una enmienda que la ley mantiene tras su paso por el Senado.
El Senado sí que ha realizado algunas modificaciones, por ejemplo, en las propuestas del PP para modificar el código de infracciones de la ley, que se ‘coló’ en la norma gracias a que Unidas Podemos se equivocó en la votación de la enmienda.
