La violencia política contra las mujeres –una forma de agresión específica y organizada que abarca desde los abusos sexuales hasta la represión y desaparición forzada de activistas-– se encuentra al nivel más alto de los últimos cuatro años, según se extrae de las conclusiones del último informe publicado por la ONG del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED).
En lo que se trata de uno de los primeros estudios sobre este apartado, los datos recabados por ACLED revelan que la violencia política contra las mujeres ha registrado un incremento en «casi todas las regiones» del mundo, concretamente en países como México, Colombia, China, India, Brasil, Burundi, Birmania, Afganistán, Filipinas o China.
La ACLED hace especial hincapié en lo poco estudiada que ha estado hasta ahora esta clase de violencia, en parte por su compleja naturaleza. Para empezar, se trata de una agresión que va más allá del abuso sexual (que representa solo un tercio de la totalidad de las agresiones investigadas por la ONG) y se inserta en fenómenos más amplios como la instrumentalización de la mujer como víctima de guerra o la represión política del activismo femenino.
Los datos del informe certifican, por ejemplo, tanto un incremento del uso de la violencia desproporcionada de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones protagonizadas por las mujeres como una expansión del abanico de amenazas al que se enfrentan: Policía, Ejército, milicias, paramilitares, turbas o grupos religiosos ejercen en algún momento dado, en alguna parte del mundo, crímenes específicos por cuestión de género o identidad.
ATAQUES POR TODOS LOS FRENTES
No existe una forma mundial predominante de agresión contra las mujeres. En Oriente Próximo, donde los ataques armados son mayoría, la violencia sexual no llega a los niveles de África, un continente donde los abusos sexuales conforman cuatro de cada diez casos de violencia investigados y las desapariciones forzadas y los secuestros son más comunes que en otras regiones del mundo.
Por seguir con las idiosincrasias: en el sudeste asiático, uno de cada tres actos de violencia contra las mujeres están protagonizados por una turba –como por ejemplo en el estado indio de Assam, donde una multitud intentó quemar viva a una mujer por presunto adulterio–, mientras que en África los principales responsables son las milicias.
En Oriente Próximo, no obstante, los datos de ACLED culpan por encima de todos a las fuerzas de seguridad, un «actor violento» cuyo protagonismo ha aumentado de un tiempo a esta parte: la ONG indica que existe una mayor represión contra manifestaciones donde la mujer ejerce un papel organizador que aquellas donde están ausentes.
Una tendencia, a juzgar por los datos del informe, que podría aumentar conforme las asociaciones de mujeres van adquiriendo prominencia, como el Movimiento de Mujeres Libres en Turquía (TJA) o la Asociación de Mujeres Demócratas de toda India (AIDWA), país este último que encabeza la lista de eventos de violencia política contra las mujeres, con 180 casos registrados en los últimos cuatro años.
A continuación se encuentran República Democrática del Congo (unos 140 casos), Burundi (120), Sudán, Sudán del Sur y Somalia (con medio centenar de casos aproximados registrados).
SIN SOLUCIÓN ÚNICA
En sus conclusiones, ACLED quiere incidir en una circunstancia fundamental: es tal la variedad de los actos de violencia política contra las mujeres que es imposible presentar una solución aplicable a todos los casos. Solo a través de esta clase de estudios, apuntan sus responsables, los gobiernos podrán plantear respuestas específicas para atender a cada situación particular.
Pero debajo de las conclusiones subyace un problema mayor, como apunta el grupo: las limitaciones de una investigación que recaba únicamente casos de violencia política, públicos y de carácter físico. Las agresiones psicológicas, las amenazas o la violencia dentro del hogar, íntima, no figuran en los datos.
Porque, como recuerda la ONG, la violencia personal tiene un impacto significativo en la vida de las mujeres en un mundo donde más de la mitad de los feminicidios en 2017 fueron perpetrados por parejas íntimas y familiares, responsables de un tercio de los casos de violencia sexual que las mujeres padecerán en sus vidas; una tragedia que «se extiende mucho más allá», lamenta ACLED, «del subconjunto que capturan los datos recogidos en el informe».
