Unidas Podemos remitirá hoy un informe a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, en el que alerta de la oposición de sindicatos policiales y partidos políticos de derechas a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ‘Ley Mordaza’.
Así lo trasladará en un escrito suscrito por el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, y el dirigente de IU y portavoz adjunto, Enrique Santiago, para que el organismo europeo tome posición sobre el grave rechazo de estos colectivos a modificar la norma, como ya demandó la citada comisión.
Y es que este órgano consultivo ya instó en marzo a proceder a la modificación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, al entender que tiene un impacto sobre los derechos humanos por su «potencial represivo».
Santiago ha explicado en declaraciones a la Cadena Ser, que las modificaciones de su grupo junto al PSOE en esta norma buscan garantizar los derechos fundamentales, acorde con las recomendaciones de Europa, y ve «sorprendente» esa oposición.
PÉRDIDA DE NEUTRALIDAD
A su juicio, «no se puede normalizar» que sindicatos policiales intenten «condicionar» la acción legislativa y ha manifestado que «no es asumible» que pidan que no se reconozcan «derechos y libertades» de los españoles. En consecuencia, ha opinado que es «evidente» que las posiciones de ciertos colectivos son de «pérdida de neutralidad» que debe regir en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En dicho informe, el grupo parlamentario confederal desgrana que se han presentado una serie de enmiendas, pactadas entre Unidas Podemos y PSOE, a la Proposición de Ley del PNV para modificar dicha ley, que dota al texto de un «enfoque progresista y garantista».
Concretamente aluden a las propuestas de reducir la cuantía de las multas de la normativa, garantizar la toma de imágenes de intervenciones policiales cuando no atente contra la seguridad e intimidad de los agentes, reducir el tiempo de traslado a comisaría para identificaciones y no sancionar manifestaciones no comunicadas que se desarrollen de forma pacífica.
No obstante y tras el anuncio de esta reforma, cuyo objetivo es el «refuerzo de la democracia» y la «protección de los derechos fundamentales», la formación traslada que el pasado 27 de noviembre más de 40 asociaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se manifestaron para rechazar los cambios planteados.
De esta forma, Unidas Podemos sostiene que estos colectivos han expresado su «radical oposición» a las enmiendas basadas en las indicaciones formuladas expresamente por la Comisión de Venecia, como «la referencia a la presunción de veracidad de los agentes respetando el principio de presunción de inocencia».
«También mostraron su oposición y protestaron por las modificaciones realizadas a fin de protocolizar y reducir la lesividad del material usado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (como podría ser cierto tipo del material antidisturbios, las balas de goma o las pistolas de electrochoque)», ahonda el escrito firmado por Echenique y Santiago.
Frente a esta actitud, el grupo parlamentario destaca que la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pauta, entre las funciones de sus miembros, el de velar por el cumplimiento de las normativas y disposiciones generales que reciban de las autoridades.
Por tanto, conductas como la de esa manifestación por parte de algunas asociaciones y agentes en esa protesta «se desvía de esa obligación que emana, ya no sólo de la Constitución española sino de los tratados internacionales de los que España es parte».
«DEMAGOGIA Y FALSOS ARGUMENTOS» DE LA DERECHA
Una actitud también exteriorizada, según relata el documento de Unidas Podemos, por PP, Cs y Vox, «difundiendo de forma consciente y demagógica el falso argumento de que esta reforma busca acabar con la seguridad publica y privar a las fuerzas de seguridad de los mínimos elementos y herramientas necesarios para cumplir su trabajo».
Para ello introduce varias declaraciones emitidas en el marco de esta manifestación por los líderes de estos partidos (Pablo Casado, Inés Arrimadas y Santiago Abascal) que son «antagónicas» a las recomendaciones de esta Comisión y de otras instituciones públicas, como las de la Comisión Europea recogidas en su informe sobre el estado de derecho en España de 27 de julio de 2021 que emanaba la «preocupación» e «inquietud» por determinados preceptos de la Ley Mordaza.
PIDE A EUROPA QUE EXPRESE SU «HONDA PREOCUPACIÓN» POR ESTA DERIVA
En consecuencia, el grupo confederal emplaza a los redactores del dictamen de la Comisión de Venecia sobre la Ley de Seguridad Ciudadana a manifestar su «honda preocupación por las implicaciones jurídicas y sociales que ello tiene, toda vez que, tratando de confundir a la opinión pública española sobre la conveniencia de la reforma», pues está «germinado en España una interpretación contraria al consolidado acervo jurídico y cultural europeo de protección de los derechos humanos, de los derechos y garantías fundamentales y las libertades públicas».
De esta forma, solicita que se admita a trámite su escrito y comunique a estos colectivos y partidos políticos los criterios favorables a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, debido al «potencial represivo» del texto aprobado en 2015 y a la necesidad de ajustar la norma a los mandatos constitucionales, recordando la posición de garante de los derechos y libertades recogidos en la Constitución que ostenta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la «obediencia a estos mismos valores que han de tener los diferentes partidos políticos del orden democrático».
