La vicesecretaría Nacional Jurídica de VOX, que dirige Marta Castro, ha solicitado este lunes al Tribunal Supremo (TS) y a los juzgados de instrucción la reapertura de la querella que presentó contra el Gobierno por un delito de lesiones y contra los derechos de los trabajadores por la omisión de medidas de seguridad para aquellas profesiones que se encontraban más expuestas al contagio. La decisión de los de Santiago Abascal llega tras las declaraciones realizadas por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, de hace unas semanas.
En un comunicado, Vox apunta que Díaz reconoció en una entrevista «que advirtió al Ejecutivo del riesgo de la pandemia e incluso llegó a elaborar una ‘Guía para la actuación y medidas para los Expedientes de Regulación de Temporales de Empleo’. Señalan que la ministra reconoció que esa guía la presentó el 5 de marzo, «tres días antes de la manifestación del 8-M que fue autorizada por el Gobierno y al mismo tiempo que, desde el Ejecutivo, se afirmaba que los casos de Covid en España serían anecdóticos».
«No olvida la vicesecretaria Jurídica que el Departamento de Seguridad Nacional avisó al presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, del elevado riesgo pandémico, el día 5 de marzo de 2020, el mismo día que la ministra Díaz, publicó la Guía de medidas», añaden para luego apuntar que Castro en su escrito subraya que «estas manifestaciones suponen un reconocimiento público de que la inactividad del Gobierno no era por desconocimiento de la situación» sino que se deben a «la gravísima negligencia en la gestión y el conocimiento que el Gobierno tenía de la evolución pandémica».
GESTIÓN «TEMERARIA»
A juicio de Vox, este conocimiento previo de la situación que se avecinaba entonces, «conlleva que la gestión sanitaria realizada se llevó a cabo de forma temeraria y poniendo en peligro a la población». Por todo ello, solicita la declaración testifical de la ministra Díaz; que se libre oficio al Ministerio de Trabajo para que aporten las actas de elaboración de la guía y medidas de ERTE; y que se libre oficio al Ministerio de Trabajo para que aporten y determinen las personas que participaron en el procedimiento de elaboración y aprobación de la guía y medidas para los ERTE.
Vox se suma así la solicitud de la Asociación Española de Abogados Cristianos, que el pasado 3 de diciembre solicitó al Juzgado de Instrucción nº13 de Madrid la reapertura del caso contra el Gobierno por su gestión de la pandemia y pedía que se citara a declarar a Díaz por sus declaraciones.
El propio líder del PP, Pablo Casado, aseguró también a principios de mes que el Congreso debe abrir una comisión de investigación para aclarar si el Gobierno «ocultó» la pandemia pese a «conocer la importancia de los contagios» para «no acabar con las manifestaciones previstas para el 8 de marzo». Avisó de que si no se permite investigar en sede parlamentaria, su partido solicitará que «la Fiscalía de oficio abra diligencias contra los responsables públicos que han podido ocultar información».
