El Ministerio del Interior ha defendido ante el Sindicato Europeo de Policías (EPU) la reforma en marcha de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, señalando que espera que en la tramitación parlamentaria «se logre el consenso suficiente para proveer a la norma del equilibrio ineludible entre libertad y seguridad».
En cualquier caso, sostiene que la reforma «sólo afecta a determinados aspectos concretos de la vigente ley, respetándose su estructura, principios, fines e instrumentos», según se refleja en la carta firmada por Susana Crisóstomo, la directora de Gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El texto se ha remitido al sindicato europeo en respuesta a la iniciativa del CEP, una organización sindical con representación en el Consejo de la Policía Nacional, que califica en un comunicado de «falaz» la argumentación del Ministerio del Interior.
Este departamento ministerial subraya que aún «no se puede anticipar el contenido final» del texto reformado. Además, asegura que las enmiendas «sólo afectan a determinados aspectos concretos de la vigente Ley Orgánica, respetándose su estructura, principios, fines e instrumentos».
En concreto, por iniciativa de la CEP los policías europeos remitieron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitarle que negocie con los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la reforma de la ley que aprobó en 2015 el Gobierno del PP y que el actual Ejecutivo se comprometió a derogar.
MÁS SEGURIDAD JURÍDICA PARA POLICÍAS
La respuesta de Interior es que la reforma «mantiene las herramientas jurídicas y procedimientos con los que cuentan las autoridades y sus agentes». En este sentido, añade que se «conservan todas las facultades requeridas para alcanzar el deseado objetivo de mantener a España en los índices de seguridad ciudadana deseados», así como para «reforzar la seguridad jurídica» de los agentes.
La jefa de Gabinete del ministro Grande-Marlaska alude también, como hace habitualmente el Gobierno, a los pronunciamientos del Consejo de Europa y del Tribunal Constitucional para defender la necesidad de la reforma de la ley. Además, recuerda que el actual Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha llevado a cabo una «notable mejora de medios materiales y número de efectivos».
El CEP rebate esta argumentación recordando que el Tribunal Constitucional avaló la ley vigente salvo en lo referente a la expresión «no autorizado» para el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pudieran poner en peligro su seguridad o la de sus familias.
«En definitiva, el Tribunal Constitucional, y frente a lo que afirma Interior, no ha cuestionado esa norma desde su entrada en vigor salvo en la eliminación de dos palabras», apunta el CEP, que sigue reclamando al Gobierno que escuche a las organizaciones representativas «abriendo un proceso de diálogo».
