Unidas Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta para modificar la Ley de Minas vigente que es de la «época franquista» para mejorar las garantías ambientales, la transparencia e incorporar criterios de participación pública ante la «lluvia de solicitudes» de explotación minera que es están registrando en los últimos años.
Entre otras modificaciones, la propuesta, presentada este lunes por el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde, prevé cambiar la regulación de las aguas minerales, que en la actualidad se rigen por la Ley de Minas, para que este recurso pase a estar bajo la legislación de la Ley de Aguas y estas sean consideradas dominio público hidráulico.
Otras de las propuestas que recoge la iniciativa contempla que la concesión de explotaciones puedan otorgarse por un periodo de diez años que, como mucho pueda prorrogarse «como máximo dos periodos de cinco años cada uno», según consta en el texto propositivo.
Para López de Uralde, en los últimos años se está produciendo una «lluvia de solicitudes para la apertura de nuevas explotaciones mineras», que supera los 1.500 expedientes, debido al alza de los precios de los materiales, el abaratamiento de tecnologías y advierte de que la gran mayoría de estos proyectos son para explotaciones a cielo abierto, más contaminantes.
Así, señala que la actual ley de minas procede de la dictadura franquista donde los derechos de participación pública y al medio ambiente no está incluidos. «El texto de la ley de minas ha sido objeto de modificaciones, pero tiene pendiente una reforma de calado», ha apuntado López de Uralde que quiere una «ley del siglo XXI» porque «pocos textos legales de la dictadura hay que siguen en vigor».
En rueda de prensa, el diputado ha explicado que la propuesta que presenta Unidas Podemos incorpora una planificación clara de la diversidad de los recursos geológicos para protegerlos y ordenarlos teniendo en cuenta la planificación ambiental, territorial y urbanística; desarrollar estudios de impacto sobre el consumo eléctrico, transporte y afección a las aguas subterráneas.
Además, destaca que el proyecto de ley incluye mayor control y transparencia con nuevos órganos consultivos provinciales frente al «insuficiente contenido» actual y para que se adecúe a la normativa europea de participación pública.
Por otro lado, aspira a que los proyectos normativos para ser aprobados incluyan los planes de desmantelamiento, restauración y abandono.
Otra de las propuestas pasa por integrar el agua minera en la Ley de Aguas y no en la Ley de Minas, para dar cumplimiento a la Directiva Marco de Agua y que el agua mineral embotellada sea considerado dominio público hidráulico y no como un recurso minero, «como hasta ahora». López de Uralde quiere que todos los recursos mineros y biológicos se gestionen de acuerdo con la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de modo que todos los espacios de la Red Natura 2000 queden protegidos de «posibles afecciones de las zonas de captación de agua para uso humano».
«Tendrán en todo caso la condición de terrenos no registrables todos los lugares de la red Natura 2000 y aquellos otros que hayan sido merecedores de protección incompatible con las actividades extractivas como es el caso de las reservas fluviales y sus cuencas, los perímetros de protección de las captaciones de aguas para el abastecimiento urbano, entre otras», afirma la propuesta de ley.
En definitiva, el diputado de Podemos insiste en que la reforma «establece cautelas» ya que uno de los objetivos es «evitar los cazaderechos y las operaciones especulativas».
López de Uralde destaca que la actual ley, de 1973, no tiene en consideración de todas las legislaciones ambientales de la UE, por lo que está «obsoleta», de modo que es necesario modificarla ante la «lluvia de solicitudes para la apertura de nuevas explotaciones mineras».
El proyecto de ley incluye declarar como bienes de dominio público todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, respecto de los que dice que podrán ser objeto de investigación y aprovechamiento.
En materia de garantías ambientales, propone que en los casos en los que el proyecto no deban ser sometidos a evaluación de impacto ambiental, la ley lo sustituye por un informe previo vinculante del órgano ambiental.
