La Fundación CERMI Mujeres (FCM) centrará su agenda política normativa para el año 2022 en mejorar el marco regulador del acceso a la Justicia por parte de las mujeres y niñas con discapacidad, como vía para lograr la protección de sus derechos y revertir las vulneraciones que sufren.
Según ha explicado la entidad este martes, dentro de este objetivo general, son dos las medidas en las que se pondrá «todo el énfasis».
Así, por un lado, la Fundación planteará al Gobierno y al Parlamento la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para extender a todas las mujeres y niñas con discapacidad el beneficio de justicia gratuita cuando tengan litigios relacionados con su situación de discapacidad, más allá de su capacidad de renta, como sucede ahora.
Por otro lado, FCM «seguirá reclamando y proponiendo que se resarza monetariamente por Ley a las mujeres y niñas víctimas de esterilización forzosa no consentida, mientras estuvo permitida». Con esta medida, la entidad pretende «cerrar el ciclo que ha supuesto la derogación de esta práctica aberrante», y que tuvo su primer hito en la reforma del Código Penal, promovida por CERMI, que la prohibió.
Además FCM ha informado que tiene previsto desplegar a lo largo de 2022 «acciones de incidencia para lograr la mejor posición posible de las mujeres y niñas con discapacidad en iniciativas legislativas en curso» como es la Ley de ‘solo sí es sí’, la modificación de la Ley de derechos sexuales y reproductivos, la Ley contra la Trata o la Ley Trans, entre otras.
