El 51% de las leyes aprobadas en España durante 2021 derivan de directrices y líneas establecidas por la Unión Europea (UE), según las estimaciones elaboradas por la oficina del Parlamento Europeo en el país.
Específicamente apunta que de un total de 55 normativas (leyes orgánicas, ordinarias y reales decretos), 28 textos legislativos regulan aspectos marcados desde el ámbito comunitarios. Es más, de esa cantidad once leyes transponen directivas aprobadas en el Parlamento Europeo
Así, es el caso de las normativas que evocan las disposiciones comunitarias en materia de asimetrías híbridas, elusión fiscal y su implicación en el mercado interior, de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en sociedades cotizadas y sobre la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho Penal.
Otras adaptaciones de directivas al ordenamiento jurídico español versan sobre el sector de la Competencia en diversos sectores, sobre el mercado interior de la electricidad y eficiencia energética; de prevención detección e investigación de infracciones penales y de ejecución de sanciones, de las medidas de cooperación para lanzar la Fiscalía Europea, el real decreto Ómnibus de transposición de Directivas Europeas, la ley de cadena alimentaria y la de residuos.
El resto de normativas aprobadas (17 normas restantes) derivan de recomendaciones, orientaciones, programas o iniciativas emanadas del Consejo, Comisión o Parlamento Europeo o de otras instituciones comunitarias. Es decir, «respetan» la línea de actuación recomendada desde las instituciones de la UE, asegura la oficina en España de la eurocámara.
Estas iniciativas legislativas regulan aspectos mayoritariamente relacionados con las consecuencias derivadas de la pandemia del Covid-19 –medidas para la reactivación económica, social, cultural, transportes, vivienda y teletrabajo– pero también con áreas diversas, desde la prevención de la violencia en la infancia y la adolescencia a determinados límites a las reducciones de IVA, el trabajo a distancia y la temporalidad en el empleo público.
En opinión de Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo, «un año más el estudio de la oficina del Parlamento Europeo en España pone de manifiesto el avance de la integración europea».
«Cada vez son más las leyes y decisiones nacionales que derivan directa o indirectamente de las normas europeas aprobadas por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la UE, a las que hay que añadir las leyes de aplicación directa. Es importante que la ciudadanía sepa que una parte del trabajo de los parlamentos y gobiernos nacionales es continuación del de las instituciones europeas y que ya no se entiende la política nacional si no es en el contexto de la política europea», ha ahondado.
