El presidente del Gobierno sabe que la imagen exterior de España no es como la de hace unos años. Esto es un problema importante para Pedro Sánchez, pues no se puede permitir más paseos de menos de un minuto como el que evidenció la fría relación que une España con Estados Unidos. En cualquier caso, el Gobierno tiene un plan infalible y sin fisuras para solventar esta situación: mejorar la imagen del país a golpe de chequera. El elegido para esta labor es José Manuel Albares, ministro de Exteriores, quien a su vez pretende utilizar el organismo que más dinero público despilfarra en cuestiones, cuanto menos, polémicas. Albares empleará la Agencia Española para la Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) para regalar en forma de subvención directa millones de euros de los españoles a terceros países con el objetivo de mejorar la imagen de puertas hacia fuera. Albares se lo ha tomado en serio, porque al menos quieren que las ayudas tengan cierto sentido, razón por la que cambió al director de la AECID dando paso a Antón Leis García, experto en cooperación internacional y ahora quien decide a qué país le regala un puñado de millones de euros a cambio de nada.
La AECID es una de las agencias más polémicas del Gobierno. Lo es porque su vocación altruista no se ha frenado con la pandemia y el despilfarro de millones de euros en cuestiones curiosas no ha cesado ni por el coronavirus. De hecho, en 2020 la Agencia Española para la Cooperación Internacional y Desarrollo ha contado con más dinero que nunca. Para hacernos una idea, la AECID gestionó en 2018 nada menos que 302 millones de euros (es decir, el 12% del presupuesto total del Ministerio de Exteriores); pero en 2020, el presidente del Gobierno decidió inflar su presupuesto hasta los 384 millones de euros. Esta subida tan sustancial en tiempos de pandemia no tenía sentido dado que ese dinero se destina a fondo perdido a terceros países. Pero más se agranda la polémica cuando se tiene en cuenta el objeto de las subvenciones, pues pasan desde fomentar los derechos LGTBI en Haití a fomentar la pesca artesanal en Nuadibú, en Mauritania. Esto en plena pandemia.
Poco sentido tenía gastarse 65.000 euros para ayudar a defender los derechos LGTBI en Haití
El presupuesto lo infló en tiempos de Arancha González Laya. La idea «oficial» era regalar dinero a terceros países para fomentar su desarrollo como una forma de demostrar que los países desarrollados se preocupan por los que están en vías de hacerlo. Sin embargo, Laya comenzó a gastarse el dinero en cuestiones absolutamente polémicas e hizo saltar las alarmas del Gobierno. Poco sentido tenía gastarse 65.000 euros para ayudar a defender los derechos LGTBI en Haití si no conseguían el resultado clave de mejorar la imagen del país en territorios clave para España (como puede ser el norte de África o Latinoamérica) donde el país tiene muchos intereses económicos.
Quien aplicó su activismo más exacerbado para dar estas subvenciones en tiempos de Laya fue el anterior director de la AECID, Magdy Martínez Solimán. Un «experto» que salió por la puerta de atrás al poco de llegar el ministro Albares para dar paso a Antón Leis García, el nuevo encargado de repartir fondos para suavizar las relaciones internacionales con países como Marruecos, Argelia o naciones de Latinoamérica. Y por el momento, Leis ha repartido dinero sin pudor ninguno pero aplicándole un sentido de Estado a las subvenciones, a diferencia de lo que hacía el equipo de Laya, que supuraba activismo por todas las instituciones.
El dinero se sigue repartiendo, pero con otro criterio. En 2022 se contempla darle a la AECID nada menos que 378,38 millones de euros, algo menos que en la etapa de Laya, pero un importe muy similar. La idea es la misma: repartir dinero a espuertas con vistas a mejorar la imagen del país y a lubricar las relaciones internacionales. Por el momento, en lo que llevamos de año, Leis ya ha repartido buena cantidad de fondos, pero con un criterio menos ideológico y más estadista.
El pasado 28 de julio, el titular de Exteriores se ha gastado una buena cantidad de dinero público para impulsar el desarrollo de países con determinadas necesidades básicas. No hablamos de defender los derechos de los afroamericanos en Perú ni de defender los del colectivo LGTBI en Haití. Hablamos de que el dinero público esta vez se ha invertido alejado de pretensiones ideológicas y activistas. En total son 20 las partidas que la AECID ha lanzado para cuestiones importantes como por ejemplo mejorar el sistema de salud pública de Jordania para acoger refugiados sirios o directamente ayudar a terceros países a desarrollar sistemas eficientes de obtención de agua potable. Nada que ver con los gastos de la exministra que ha causado el mayor enfrentamiento diplomático con Marruecos de la década.
Mientras que la cesada Laya se gastó 100.000 euros en defender los derechos de los afroamericanos en Perú, Albares prefiere dejarse 300.000 en «formación y capacitación a personal sanitario de salud ante la actual pandemia de Covid-19» en el mismo país. Las diferencias son notables. Y como esto, las 20 ayudas lanzadas por Exteriores a través de la AECID que se han hecho públicas bajo el mandato de Albares (a pesar de que su aprobación pudo ser previa) tiene un sentido común del que carecían las de su predecesora. Es curioso que tanto la fecha de registro de las ayudas como la fecha de publicación coincidan bajo el mandato de Albares.
