viernes, 28 enero 2022 04:23

El juez de Titella inicia el año tomando declaración a seis imputados

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno iniciará a partir de este martes una nueva ronda de declaraciones escuchando a seis imputados en la ‘Operación Titella’, entre los que destaca el examigo íntimo del productor televisivo José Luis Moreno, Martin Czehmester, y varios presuntos implicados con la estafa a bancos.

Así consta en una providencia del pasado 17 diciembre, en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 cita para este 11 de enero a Antonio García Mallol, Francisco José Suárez Díaz, María Dolores Jiménez Rodríguez, Enrique Constantino Garay Muñíz y Francisco Manuel García Navarro.

Fuentes jurídicas han explicado que algunos de ellos guardan relación con la presunta organización liderada por Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales».

En el caso de Antonio García Mallol, los investigadores señalan que se habría encargado junto a su hermano Ignacio de inflar tasaciones inmobiliarias para blanquear el dinero de Carlos José Brambilla, procedente del supuesto tráfico de drogas. «Además, con el fin de defraudar a la Hacienda Pública, perciben, siempre que les es posible, sus honorarios en «B», en efectivo, y cuando no es así diversifican los ingresos entre las diferentes cuentas bancarias de titularidad de sus mercantiles», se recoge en un oficio policial.

Además, el propio Antonio se habría ofrecido a blanquear el dinero de Brambilla a través de inversiones inmobiliarias a sabiendas de que el origen del mismo era ilegal y que procedía en su mayoría del tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, alegando además que ya lo ha había hecho anteriormente en más ocasiones.

EL EMBARGO DE LA CUENTA DE CZEHMESTER

En cuanto a Czehmester, acusado de haber participado directamente en la fase de blanqueo de los beneficios obtenidos por Moreno y sus empresas a través de su actividad fraudulenta, su declaración está fijada para el próximo 18 de enero a partir de las 10.00 horas. El juez tomó la decisión de llamarle tan solo una semana después de ordenase el embargo de su cuenta al apreciar un posible delito de alzamiento de bienes después de que los investigadores revelasen que trató de vender una casa en Praga, la capital de República Checa.

En un auto fechado el pasado 13 de diciembre el juez señalaba que el embargo de la cuenta abierta en su país natal llega después de que las autoridades informasen de que Czehmester y YOUMORE TV adquirieron la citada propiedad en agosto de 2020, aunque la compra se hizo efectiva en mayo de 2021. La venta se produjo tan solo unos meses más tarde, en agosto de 2021.

La operación se cerró menos de dos meses del estallido de la ‘operación Titella’, que se saldó con la detención de más de 50 personas. En concreto, el examigo íntimo de Moreno vendió el inmueble a una sociedad que se hizo cargo de la deuda de Czehmester. Éste, por su parte, ingresó un excedente en la cuenta ahora embargada por valor de 4.256.166 coronas, un total de 168.553,50 euros.

MORENO, LA TARJETA DE VISITA

Moreno es uno de los principales imputados en la ‘Operación Titella’, cuya investigación comenzó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.