viernes, 28 enero 2022 10:29

El Gobierno y Cataluña se emplazan a trabajar «bilateralmente para avanzar en la agenda feminista»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, se han emplazado a «trabajar bilateralmente para avanzar en la agenda feminista», en una reunión de trabajo este viernes en el Palacio de la Generalitat de Cataluña.* Ambas han coincidido en que se debe profundizar en la garantía de derechos existentes y «en la conquista de nuevos», así como en la necesidad de trabajar conjuntamente desde sus respectivos equipos, por lo que han acordado volver a reunirse antes de verano, según un comunicado de la Consejería este viernes.

«Caminamos juntas en la lucha por los derechos de las mujeres en Catalunya y España, contra las violencias machistas, por los derechos LGBTI y con el plan Corresponsables», ha dicho Montero, quien también ha abogado por la cooperación institucional y la colaboración constante.

Verge ha apostado por impulsar políticas feministas «desacomplejadas, interseccionales, transinclusivas y antirracistas» para desplegar políticas que permitan una transformación real para la igualdad y la garantía de derechos, en sus palabras.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Ministerio y Conselleria han convenido en abordar la «violencia institucional», y el Ejecutivo catalán se ha ofrecido a compartir herramientas que está elaborando desde Igualdad, como evaluaciones de victimización que puedan percibir las mujeres por parte de las instituciones y las medidas de reparación incorporadas en los Presupuestos para 2022, según la Conselleria.

Verge también ha compartido con la ministra la estrategia catalana de derechos sexuales y reproductivos que «profundizará en derechos ya conseguidos», como la interrupción voluntaria del embarazo y la educación sexual, a la vez que creará nuevos, como el derecho a la equidad menstrual.

En este sentido, la consellera ha trasladado a Montero la necesidad de que los productos menstruales estén libres de IVA: «Es claramente un impuesto discriminatorio para más de la mitad de la población», ha sostenido.