La Audiencia Nacional celebrará este miércoles la vista por la demanda presentada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y una docena de comunidades autónomas por su gestión en materia de riesgos laborales.
Fuentes jurídicas han señalado que el acto de conciliación se celebrará a las 10.00 horas y, en caso de ser infructuoso, el juicio se celebrará a continuación. Es por eso por lo que el magistrado Ramón Gallo, que fue designado ponente, instó a las partes en el decreto en el que fijó la vista a acudir con todos los medios de prueba de los que pretendieran valerse.
En su escrito del pasado 30 de noviembre la asociación explica que con su demanda ante la Sala de lo Social pretende «obtener un pronunciamiento judicial» que declare que los fiscales «carecen» de «protección real y efectiva en materia de riesgos laborales» por parte del Ministerio, la Fiscalía y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia.
Asimismo, pide a la Audiencia Nacional que condene a las administraciones demandadas a «adoptar el plan de prevención de riesgos laborales para la Fiscalía y todos los fiscales que trabajan en la misma, contratando en el plazo de dos meses a una empresa con solvencia técnica suficiente para afrontar este cometido».
Tal y como ya denunciara en otra demanda interpuesta en junio del pasado año, la APIF insiste en que los departamentos de Llop y Delgado «nunca han dotado a sus funcionarios de ninguna medida de prevención de riesgos laborales». Dice que «la Fiscalía y el Ministerio saben perfectamente cuál es la situación», por lo que afirma que «su mala fe es manifiesta».
CONVENIO DE COLABORACIÓN
En este sentido, recuerda que desde que presentó aquella demanda –a la que luego renunció ante las «objeciones» de la Abogacía y la Unión Progresista de Fiscales– «tanto el Ministerio como la Fiscalía General han elaborado un Proyecto de Convenio de Colaboración (…) en el que por fin se propone el establecimiento de un sistema de prevención de riesgos laborales para la Carrera Fiscal».
Desde la APIF, sin embargo, reprochan el hecho de que se mantenga a la Fiscalía «como un sujeto subordinado o secundario frente a la asunción de dicha responsabilidad por el Ministerio de Justicia, y sin mención alguna a las comunidades autónomas».
En el marco de la demanda de conflicto colectivo, la APIF aporta documentos para defender su tesis de que la Fiscalía General tiene «plena conciencia» de que por más que exista el Manual de Prevención de Riesgos laborales para la Administración de Justicia de 2014 «no existe normativa alguna que obligue a la administración a velar por la prevención de la salud laboral de los fiscales».
Critica, además, que el manual del Ministerio de Justicia se redactara «sin contar» con el Ministerio Público, las comunidades autónomas «y menos aún con los representantes de los fiscales», y solicita a la Audiencia Nacional que anule el texto y sus sucesivas modificaciones.
PIDE «AUXILIO» PARA CORREGIR LA SITUACIÓN
En la lista de argumentos esbozada en los 22 folios de la demanda, la APIF asegura que «la Fiscalía hace omisión de cualquier deber de prevención de riesgos en relación con la preservación de los derechos de las mujeres embarazadas en situación de riesgo». Señala también que «los casos de acoso laboral o se silencian o no se investigan» y que «los accidentes derivados del estrés no se investigan como tales, sino como aconteceres naturales del paso de los años en las personas».
Así las cosas, la APIF pide «auxilio judicial» para «empezar a corregir una situación que no se arregla por quienes deberían hacerlo» y que, a su juicio, tampoco se arregla con un «sistema de prevención de riesgos ajeno por completo a los fines y objetivos de la Fiscalía y al trabajo de los fiscales» que «sirve para que el Estado pueda esgrimir dicho texto formal a fin de evitar las consecuencias de mantener a los fiscales sin prevención de riesgos de ningún tipo».
En el marco de la demanda, la asociación de fiscales llama la atención sobre la gestión del Ministerio Público durante la pandemia de coronavirus, cuando «envió de forma temeraria» a los fiscales a «trabajar sin los correspondientes medios de prevención de riesgos laborales, exponiéndolos a un contagio letal por COVID-19».
Recalca que es «especialmente lamentable» que entre las funciones del Ministerio Fiscal se encuentre «perseguir los accidentes laborales» y precisa que es «especialmente agravador» que la propia Fiscalía «carezca del correspondiente plan de prevención de riesgos».
