La ponencia del Congreso encargada de estudiar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, ha avanzado este miércoles al aprobar la nueva redacción de 19 artículos sobre la base de las enmiendas pactadas por los socios del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos.
No obstante, aún quedan escollos como las devoluciones en caliente o lo que afecta a la veracidad de las actas policiales, que se abordará en la tercera reunión, fijada para el 15 de febrero, tras las elecciones de Castilla y León, según detallan fuentes parlamentarias.
En la reunión a puerta cerrada de este miércoles los grupos que apoyaron la investidura del Gobierno de Pedro Sánchez han respaldado las enmiendas sobre 19 artículos, entre ellos algunos cuestionados por sindicatos policiales como el de las identificaciones con retenciones de un máximo de dos horas, salvo excepciones justificadas, y la obligación de trasladar al afectado al lugar de origen en el caso de haber cambiado de localidad.
La ponencia –que tuvo que suspender la reunión de la pasada semana por varios casos de COVID– ha dado luz verde a regular los controles en vía pública para vincularlos a supuestos de alteración grave y efectiva de la seguridad ciudadana o en casos de prevención de delitos graves, limitando el tiempo de duración al mínimo imprescindible.
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS
En el artículo 13, según fuentes de la ponencia, se incorporará una «salvaguarda» relativa a la acreditación de la identidad de personas extranjeras, de forma que no puedan ser privadas de su documentación de origen salvo en el curso de investigaciones judiciales. De hecho, sólo podrá retirarse la documentación en caso de que así lo dicte una resolución judicial.
Los grupos respaldan de forma mayoritaria que la nueva ley, que sustituiría a la aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del PP, obligue a ‘fiscalizar’ las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que supongan restricciones o limitaciones temporales del tránsito y otros derechos de libre circulación, llevando estos datos a la memoria anual del Ministerio Público y a los sistemas estadísticos de las administraciones competentes.
También modifica aspectos relativos a la entrada en domicilios y edificios de organismos oficiales para atender al riesgo de las personas o animales, así como supuestos de catástrofes o ruina inminente, de acuerdo a lo estipulado en la legislación de protección civil.
Otro de los puntos afecta a garantizar los derechos de personas discapacitadas e incorporar al DNI y pasaporte las distintas lenguas oficiales, además de tener en cuenta la capacidad económica en este tipo de trámites.
ACTAS POLICIALES CON PRESUNCIÓN DE VERACIDAD
Además del máximo de dos horas en las retenciones para realizar identificaciones, aún queda pendiente de votación en la ponencia otras enmiendas muy criticadas por sindicatos policiales y partidos de la oposición, como la que se refiere a la presunción de veracidad en las declaraciones policiales.
En la propuesta de reforma de la ‘ley mordaza’, Unidas Podemos y PSOE pactaron que el acta con la propuesta de sanción tramitada por un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado goce de presunción de veracidad, pero añadiendo que esto será «siempre que resulte coherente, lógica y razonable».
Otro de los acuerdos de los dos partidos del Gobierno que se tendrá que someter el 15 de febrero al parecer del resto de grupos es el de las devoluciones en caliente, puesto que la intención es sacar esta cuestión de la ‘ley mordaza’ para que conste regulado únicamente por la ley de extranjería.
Fuentes de Unidas Podemos han mostrado la «satisfacción por al amplísimo acuerdo» en torno a las enmiendas de PSOE y el partido morado, subrayando el papel jugado a favor del acuerdo por Enrique Santiago para aprobar una nueva ley que introduzca «mayores garantías de derechos y libertades de la ciudadanía».
Además, han criticando la actitud «absolutamente obstruccionista» de PP y VOX, mostrando las citadas fuentes de Unidas Podemos su deseo de que el debate sobre la reforma de la ‘ley mordaza’ –que figura entre los compromisos del pacto de investidura– no se alargue en el tiempo.
